Con el Consejo de la Judicatura, la Federación de Notarios y la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Justicia profundizó el análisis del funcionamiento de la administración de justicia, los inconvenientes para una efectiva tutela de derechos de la ciudadanía y la activación parcial de las notarías.
En primer término, el asambleísta Rodrigo Collaguazo insistió que la reapertura parcial de los notarías, en base de la resolución 035 del Consejo de la Judicatura, contradice las disposiciones del estado de excepción por el Covid-19.
En respuesta, María del Carmen Maldonado, titular del Consejo de la Judicatura, explicó que el Decreto Ejecutivo referente al estado de excepción por la pandemia del coronavirus no habla, de ninguna manera, de interrumpir el accionar y competencias de las funciones del Estado, pues, más bien, respeta sus potestades legales y constitucionales.
La Función Judicial, precisamente, en el marco de su autonomía, al amparo de la norma constitucional y el artículo 254 del Código de la Función Judicial, ha mantenido firme el servicio de justicia durante la emergencia, para atender los casos de violencia, garantías penitenciarias, pensiones alimenticias, materia penal e incluso para sancionar a quienes no acatan el Decreto Ejecutivo. En esa línea, también está la reapertura parcial de notarías, agregó.
Para tal efecto, las audiencias presenciales cuentan con rigurosas medidas de bioseguridad, tratando de cuidar la salud de los ciudadanos, jueces y funcionarios, cuyas salas son fumigadas permanentemente. Además, se han establecido audiencias virtuales, a través de medios telemáticos y hasta audiencias domiciliarias en Guayas, en consonancia con la imposibilidad de movilización.
Jorge Machado, principal del Colegio de Notarios de Pichincha, aclaró que no ha desacatado los términos de las resolución 035, sino que ha sugerido la necesidad de implementar el sistema telemático y videoconferencias para despachar trámites en las notarías, al igual que sucede con las causas de flagrancia. La Federación de Notarios, a través de su presidente, respaldó la decisión de la Judicatura y que es fundamental dar paso a la tecnología con normas enmarcadas en la vía legal.
De su lado, Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, llamó a fortalecer las garantías jurisdiccionales en defensa de los derechos de la población. Hay vulneración de derechos diariamente ante la falta de atención efectiva en salud, en el tema de cadáveres y ningún seguimiento a familiares de fallecidos por el coronavirus que pueden haberse contagiado.
Inquietudes
El legislador Esteban Torres dijo que una vez que se regularice la situación, la justicia debería trabajar en manejo de archivos, digitalización, presentación de escritos online, firma electrónica, entre otros aspectos.
Franklin Samaniego llamó a estar vigilantes respecto de despidos, tras sugerir que el ministro de Finanzas canalice el pago de sueldos a servidores púbicos que mantienen obligaciones en cuanto a pensiones alimenticias. Rocío Orellana dijo que es urgente definir un plan de contingencia al respecto, a fin de precautelar el interés superior de los niños. Mientras, Kharla Chávez, vicepresidenta de la mesa, pidió una información estadística del número de personas que han sido detenidas por incumplimiento de estas causas.
En tanto, José Serrano expresó que hay que dar respuestas claras a la cuestión de cadáveres en Guayaquil, más aún cuando el número bordearía los seis mil fallecidos. Pidió que se entregue información específica de los procesos judiciales de personas que pertenezcan a bandas criminales, al cuestionar el caso del jefe de la banda de los choneros.
Finalmente, Ximena Peña, presidente de la Comisión de Justicia, invocó a proteger la salud y la vida de los ecuatorianos en las audiencias presenciales, dando mayor espacio a herramientas tecnológicas, siempre garantizando la tutela de derechos de los ecuatorianos.
MG/cz
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