La noche de este jueves 16 de abril, llegaron a la Asamblea Nacional los proyectos de ley, denominados urgentes en materia económica, propuestos por el Presidente de la República. Por un lado, el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19; y, por otro el proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Apoyo Humanitario
Como de Apoyo Humanitario está catalogada la primera propuesta de ley que se sostiene sobre cinco ejes: un régimen de contribuciones solidarias, otro de medidas solidarias y de bienestar, la creación de una cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía, reformas que permitan sostener las fuentes y plazas de trabajo, así como un régimen temporal para prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios entre deudores y acreedores.
Con la recaudación de contribuciones únicas y temporales a personas naturales y sobre las utilidades de sociedades (empresas), el Ejecutivo prevé generar los ingresos necesarios para una adecuada implementación de planes y programas tendientes a mitigar los efectos adversos del Covid-19. El documento señala que las contribuciones establecidas en la ley no podrán ser utilizadas como crédito tributario ni como gasto deducible de otros tributos.
De acuerdo a lo señalado en días anteriores por el presidente Moreno, las contribuciones de personas naturales se regirán por una tabla progresiva que parte de quines ganen 500 dólares mensuales y será por nueve meses. Para las empresas, el aporte será del 5 % en el caso de aquellas que superaron utilidades iguales o mayores a 1 millón de dólares en el periodo 2018; el pago se realizará en 3 cuotas mensuales.
El Presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado reducirán sus salarios en el 50 %. Los servidores públicos que ganen menos de 1000 dólares contribuirán con el 10 % de sus sueldos y quienes superen esos ingresos pagarán la contribución aplicando la tabla prevista para personas naturales.
Están excluidos de las contribuciones lo funcionarios públlicos de los sectores de salud, educación (niveles inicial, básico y bachillerato), seguridad, emergencias y cuerpos de seguridad complementarios. Las demás funciones del Estado podrán adoptar decisiones similares a las propuestas en este proyecto de ley.
Respecto a las medidas solidarias para el bienestar social se establecen ayudas para el pago de pensiones educativas en segmentos vulnerables de la población; suspensión de desalojos a arrendatarios por no pago; prohibición de terminación de pólizas de salud, ni suspención de su cobertura por mora; no se generarán incrementos en los costos de sevicios básicos.
Finalmente, el IESS extenderá la cobertura en salud por 60 días a quienes hayan perdido sus empleos en abril, mayo, junio y julio. Las micro y pequeñas empresas que no hayan cumplido con sus obligaciones patronales tendrán facilidades de pago sin incurrir en intereses o multas. Ente otros temas, el proyecto de ley establece opciones para acuerdos frente a obligaciones (deudas), además de varios instrumentos para preservar el empleo.
Para la administración de las contribuciones se creará una cuenta especial que será observada por un consejo consultivo, conformado por cinco miembros de la sociedad civil, designado por el Presidente de la República. Los ciudadanos elegidos tendrán acceso pleno a toda la información de la administración de la cuenta.
El proyecto cuenta con 38 artículos, cinco disposiciones generales, una derogatoria y cuatro transitorias.
Finanzas Públicas
El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de Finanzas Públicas, se presenta como una propuesta que busca afinar la legislación referente a la administración de las finanzas púbicas y potenciar así los atributos en el marco de un régimen de desarrollo organizado, sostenible y dinámico que garantice, entre otros aspectos, el buen vivir y la prosperidad de los ecuatorianos.
Esta propuesta, reforma el Código Orgánico de Finanzas Publicas, así como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley de Aviación Civil; y la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de armas, municiones y explosivos. El documento busca la sujeción de las políticas públicas al Plan Nacional de Desarrollo y al rol de la Planificación Nacional, la concordancia con la Constitución y el establecimiento del régimen de reglas fiscales.
En este marco, la propuesta del Ejecutivo, cuyo documento cuenta con 49 artículos, plantea la determinación de techos presupuestarios globales e institucionales y de gasto del Presupuesto General del Estado. Así mismo, sobre las Empresas Públicas de la función Ejecutiva, la propuesta prevé que el Ministerio de Finanzas sea el que fije su techo presupuestario.
Por otra parte, la propuesta apunta a la incorporación de un instrumento que permita brindar seguimiento, evaluación y mitigación de los riesgos fiscales. Por otro lado, busca la negociación de los títulos valores que será un impulso fuerte para la generación de precios del mercado primario y secundario. También, la propuesta establece un periodo de implantación del Plan del Tesoro Nacional para incorporar un instrumento que permita alinear la formulación y ejecución presupuestaria.
Adicionalmente, se prevé el seguimiento a las reglas fiscales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y se propone la creación de un Comité Nacional de Coordinación Fiscal.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, señaló que los proyectos serán inmediatamente calificados por el Consejo de Administración Legislativa, analizados y procesados. “Siempre vigilantes del bienestar de los ecuatorianos”, puntualizó.
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