La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el legislador Raúl Tello, con seis votos a favor, emitió la resolución sobre las personas privadas de la libertad (PPL) y su situación frente a la emergencia sanitaria nacional derivada por el Covid-19 en el país. Frente a situación debemos actuar con humanidad y garantizar los derechos de los PPL, dada la presencia del virus en el sistema penitenciario, dijo Tello.
En este marco, el documento que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, exige al presidente de la República, Lenín Moreno, aplicar de forma inmediata los mecanismos constitucionales, pactos internacionales, vigilancia de organismos como las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales garanticen los derechos de PPL con enfermedades catastróficas y terminales o con discapacidad; mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, quienes son propensos a contraer Covid-19 debido al hacinamiento en las cárceles.
También, solicita a Edmundo Moncayo, director del servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (Senai), realice un análisis de la situación de adultos y adolescentes infractores y determine los casos en los que se puedan aplicar medidas sustitutivas de la pena, además el documento solicita que se declare en emergencia al sistema penitenciario nacional.
Por otra parte, se solicita al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos y al director del Senai, que se tomen las medidas pertinentes frente a posibles casos de Covid-19, en privados de la libertad del centro de detención provisional El Inca, en Quito. Es urgente tomar medidas para evitar contagios masivos en las cárceles, coincidieron los legisladores.
Para la asambleísta Gloria Astudillo, esta resolución es pertinente puesto que los PPL han sido un sector que no han tenido cierta atención frente a la emergencia sanitaria, por ello manifestó que se garanticen sus derechos y se dispongan las acciones de salud y alimentación. A este criterio se sumó el del parlamentario Ronny Aleaga, quien además enfatizó en que se declare la emergencia en el sistema penitenciario dada la situación de hacinamiento y los amotinamientos registrados en días anteriores.
Además, dijo que se debe activar a los jueces de garantías para que analicen los casos y actúen con celeridad garantizando sus derechos. Así también, Elizeo Azuero, proponente de la resolución, enfatizó que el análisis de la situación de PPL debe hacerse respetando el principio de celeridad para aquellos que no representan peligro para la sociedad y así disminuir la cifra de hacinados en los centros de rehabilitación social.
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