La Comisión de Desarrollo Económico recibió al ministro de Trabajo, Luis Poveda, para continuar con el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19.
En su comparecencia, el Secretario de Estado puntualizó que la normativa busca establecer un acuerdo entre las partes (empleadores y trabajadores) con el fin de proteger el trabajo y evitar el cierre de las empresas. “Durante el tiempo de estos consensos no se podrá repartir dividendos, ni despedir a los trabajadores”, ratificó.
Repercusión de la pandemia
Poveda señaló que a partir de la declaración de la emergencia sanitaria (16 de marzo) cerca de 33 175 trabajadores fueron desvinculados de sus puestos. Así mismo, sostuvo que la pandemia repercutió en los sectores económicos, por ejemplo, en agricultura, ganadería y pesca hubo una disminución de 6384 trabajadores; en la industria manufacturera, 4033; y en la construcción 3600.
Contrato emergente
Aseveró que estos contratos no vulneran los derechos de los trabajadores. “Este acuerdo tiene como modelo el contrato de emprendimiento revisado por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, mismo que fue consensuado entre trabajadores y empleadores. Los derechos serán respetados porque son irrenunciables”, declaró.
También ratificó que no se realizarán contrataciones por horas, ya que esa modalidad fue eliminada mediante mandato constituyente, en 2008.
Reducción jornada laboral
Puntualizó que a la reducción emergente de la jornada laboral se han acogido 4567 empresas (108 mil trabajadores); a la modificación emergente 1442 (18 110 trabajadores); y a la suspensión emergente 24733 (378164 trabajadores). Esto dinamizará las relaciones laborales y generar estabilidad, sostuvo.
En su intervención también se refirió al goce de vacaciones por adelantado y a la aplicación de la contribución humanitaria.
Intervención asambleístas
Los parlamentarios presentaron algunas inquietudes al secretario de Estado, entre ellas, por qué no se involucra a todos los trabajadores para la contribución en la Cuenta Humanitaria, cuánta gente del sector público fue desvinculada, sí ha existido acercamiento con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para refinanciar créditos hipotecarios y quirografarios una vez que se produzca la disminución de salarios, qué mecanismos empleará el Ministerio de Trabajo para proteger a los empleados.
También preguntaron qué tipo de estímulos se aplicará para empleadores y empresarios que mantengan su nómina, cuáles son los mecanismos que empleará la cartera de Estado para garantizar que los trabajadores no lleguen a acuerdos forzados y si las pensiones de alimentos se reducirán si se disminuye la jornada de trabajo.
En sus intervenciones los asambleístas coincidieron en extender las reducciones salariales a otros niveles del sector público e incluir a las empresas y banca pública. Así como a las instituciones privadas.
Ministerio de Trabajo
El ministro de Trabajo apuntó que médicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, fueron excluidos de la tabla porque al estar en primera línea arriesgan hasta su vida, por lo tanto, no era factible que se aplique la contribución. Sobre los mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores explicó que están activados los inspectores de trabajo para conocer las denuncias y actuar de manera inmediata, también mencionó que se establecerá un Centro de Mediación. Señaló que hasta el momento 4526 trabajadores han presentado sus querellas por despido intempestivo, a escala nacional se han ejecutivo 702 inspecciones.
Sobre la reducción de pensiones alimenticias el secretario de Estado sostuvo que si el trabajador llega a una reducción de jornada laboral, se deberá reformar el Código de la Niñez y Adolescencia donde se establecería el rango de la nueva pensión.
De su parte, el viceministro de Trabajo David Álvarez explicó que las desvinculaciones del sector público estuvieron atadas a una circular expedida por el Ministerio de Finanzas, destacó que contratos ocasionales o nombramientos provisionales no estaban financiados en un 100 %. Respecto a bajar escalas salariales dijo que sería inconstitucional y no se podría hacer a quienes tienen nombramiento definitivo.
Otras comparecencias
Antonio Hidalgo y Juan José Pons representantes de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador sostuvieron que el sector genera 250 mil plazas de trabajo, por lo tanto, la agricultura no tendría que ser castigada sino premiada para que pueda implementar más plazas de empleo.
Indicaron que el proyecto de Ley no puede sacarle más liquidez al sector, que por ahora se mantiene operando con déficit. Señalaron que todo dólar retirado de la cadena productiva irá en detrimento del empleo que genera el sector productivo. Solicitaron estímulos a la producción y no más impuestos.
Richard Salazar, representante de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, se refirió a los graves problemas de liquidez que afronta el sector, por ello, pidió incentivos y líneas de financiamiento para reactivar la economía.
Trabajadores
Mesías Tatamuez, representante del Frente Unitario de Trabajadores, manifestó que la iniciativa del Ejecutivo transgrede la Constitución en siete artículos, por lo que no puede ser aprobada. Explicó que no es posible plantear un descuento a quienes ganan 500 dólares, mientras la canasta básica supera los 700 dólares. “No queremos leyes para las cámaras, para los sindicatos o para los gobiernos del turno, las queremos y necesitamos para el desarrollo del Ecuador. No politicemos la pandemia”, aseveró.
Patricio Tenesaca, represente Red de Trabajadores del Sector Eléctrico, sostuvo que el proyecto enviado por el Ejecutivo “menoscaba la escuálida economía de los ecuatorianos y privilegia a los grupos del poder”. Destacó que a la iniciativa propuesta viola los derechos de los trabajadores porque no hay garantías para proteger el empleo.
Cristóbal Buendía, secretario general de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, está de acuerdo con el artículo 3 de la normativa respecto a los aportes que deben hacer los trabajadores públicos y privados, así también indicó que las contribuciones de los trabajadores deberían están enfocadas a salvar a las empresas que tengan dificultades en el pago de la nómina, puesto esto significaría la protección del empleo.
SV/cz
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