Garantizar presupuestos para los 221 municipios del país, a fin de que cumplan las 14 competencias y 31 funciones que se asignan mediante mandato constitucional, así como establecer un fondo para cualquier contingencia fiscal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), respetar procesos de autonomía y descentralización, fueron algunas de las demandas de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), ante la Comisión de Régimen Económico que tramita el proyecto de Ordenamiento de la Finanzas Públicas.
Luis Barzallo, director Ejecutivo de la AME indicó que a los GAD se les adeuda los meses de febrero, marzo y abril. Si bien entendemos lo que afronta el país por esta crisis sin rostro, pero cómo cumplir las directrices que se emite el Ministerio de Finanzas si no se cuenta con fondos necesarios, afirmó
A su vez Karin Jaramillo, funcinaria de AME, se refirió a 26 planteamientos que propone la Asociación ante el proyecto urgente. Se determina que hasta el 2023 todas las instituciones deben entregar sus planes de inversión con base a las directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas, por ello, solicitó que para los municipios sea hasta el 2025, en razón de que se debe analizar qué va a pasar luego de la crisis sanitaria.
Igualmente, manifestó que se debe ampliar a 60 días la entrega de información de gasto de presupuesto para no ser sancionados por incumplimiento, ya que el proyecto establece 30 días. Afirmó que en la conformación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal se tome en cuenta a delegados de los tres niveles de gobierno, pues en la propuesta se determina un representante de los GAD.
Reiteró la necesidad de generar un fondo, una partida como metodología de ahorro para contingencias, manejado por los GAD, en donde se tome en cuenta las necesidades en caso de emergencia.
Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) su sumó a las observaciones planteadas por los representantes de la AME y enfatizó la necesidad de generar una mirada articulada entre los diferentes niveles de gobiernos para trabajar el modelo descentralizado, pero para ello, se debe contar con recursos. Urge el fortalecimiento de la autonomía y descentración que debe plasmarse en el proyecto urgente, agregó.
Planteamientos
Los parlamentarios expresaron que defenderán los procesos de descentralización dentro de un marco de equidad social, económica y territorial que se debe generar en los GAD, con una visión de oportunidad y desarrollo. Les preocupa que no se les pague la devolución del IVA, lo cual podría sumar al incumplimiento de gestión con sanciones administrativas que prevé en el proyecto de ley, cuando no se cumplan las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas.
El economista Guillermo Avellán, director de Investigación de la Fundación “Ecuador Libre”, consideró que la propuesta de conformación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal no es independiente. Propuso incluir a representantes del sector académico, además, evitar que la variación de gasto sea superior del 40 % del PIB, durante los próximos tres años. Sostuvo que se debe establecer la definición de recesión económica y no dejarlo a discreción; y, evitar la aprobación del Presupuesto General del Estado con resultado primario negativo.
El representante de Ecuador Libre indicó que la volatilidad del precio del petróleo se lo puede solventar con un seguro petrolero, así mismo habría que establecer un seguro agropecuario y generar créditos por parte del BanEcuador con tasas bajas y subsidiadas para familias del agro de escasos recursos.
Por su parte, el economista Diego Borja dijo que el proyecto urgente no contribuye a la defensa de la vida frente a la pandemia, ni a la defensa de la dolarización, tampoco genera procesos de reactivación económica. Recordó que Ecuador es un país dolarizado y en el proyecto no existe política monetaria dirigida a la sostenibilidad fiscal legal y real, más bien viola la Constitución.
Dijo que los ejes: consolidación fiscal y estabilidad monetaria, igualdad de oportunidades y protección social, empleo y reactivación productiva, manejo eficiente y transparente de recursos, se desconecta de la capacidad del gasto público para llevarlo de forma centralizada al Ministerio de Finanzas. No es aplicable esta propuesta en los momentos actuales, indicó
Entre tanto, el economista Andrés Arauz pidió a los legisladores archivar el proyecto de ley porque viola el mandato de la Constitución al subordinar la planificación, establecer reglas fiscales que no constan en la Carta Magna, así como el crear preasignaciones que no van a salud, educación e investigación.
Debate
Los parlamentarios reaccionaron a los pronunciamientos de los economistas, señalando que el Estado debe estar fortalecido para garantizar niveles de calidad de vida de la población. Señalaron que la Asamblea Nacional debe tomar en cuenta los aspectos positivos del proyecto económico urgente que permita enfrentar la crisis económica y de salud y eliminar lo que no esté bien.
JLVN/cz
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