Con 11 votos afirmativos y una abstención, la Comisión de Régimen Económico, como parte de su metodología, resolvió que los miembros de la mesa legislativa envíen sus observaciones de los artículos 1 al 30 del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, hasta el medio día del viernes 24 de abril. Con esos insumos los parlamentarios se reunirán de forma virtual, en horas de la tarde, para iniciar el tratamiento del articulado.
La propuesta de iniciativa del Vicepresidente de la Comisión, Franco Romero, también determina que los comisionados entregarán las sugerencias de los artículos 31 al 49 del proyecto urgente hasta el sábado 25 de abril al medio día. De esta manera, la mesa legislativa en horas de la tarde revisará esos articulados.
Así mismo, aprobaron que el lunes 27 de abril, los comisionados votarán, artículo por artículo, el proyecto de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Sesión que podría ampliarse hasta el martes 28 de abril, fecha en la que se cumple los 10 días establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para entregar el informe para primer debate del proyecto urgente en materia económica.
Se viola autonomía de IESS e ISSPOL
Este jueves 23 de abril, de manera virtual, la Comisión escuchó a David Ruales, director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al General Jorge Villarroel, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), quienes, en su turno, señalaron que en el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, existen algunos artículos por los cuales se viola la independencia y autonomía técnica y financiera de cada una de estas instituciones establecidas en la Constitución.
Ruales y Villarroel indicaron que el IESS y el ISSPOL no pueden ser consideradas como entidades públicas porque su función está orientada a la seguridad social, por tanto, su accionar no puede estar supeditado al dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. El Consejo Directivo de cada institución toma directrices a favor de sus afiliados y asegurados porque los recursos provienen de sus aportes y otros rubros, establecidos en el ordenamiento jurídico, por parte del Estado, correspondientes a seguridad social, por tanto, son dineros propios distintos al Presupuesto General del Estado. La reforma planteada en el proyecto urgente es improcedente, viola la autonomía y es inconstitucional, precisaron.
Poner techos presupuestarios a la seguridad social, es inconstitucional dijeron. No se puede poner techo a la salud. Además, su carácter técnico previsional es de ayuda y asistencia a los asegurados, por tanto, ninguna institución del Estado puede intervenir y peor menoscabar su patrimonio para pretender utilizar estos recursos para otros fines. Es inaplicable e inconstitucional la reforma, reiteraron.
Es necesario financiamiento externo
El país vive una devastación fiscal nunca antes vista en la historia del Ecuador, por tanto, a pesar de los esfuerzos que hace el Estado no podrá financiar el déficit fiscal; por ello, son necesarios los créditos que pueden otorgar los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o la CAF, dijo el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.
Carrera indicó que el proyecto de Ordenamiento de Finanzas Públicas constituye un instrumento fundamental para que puedan fluir recursos y el país pueda superar la grave situación que atraviesa. Los créditos que pueda traer el Estado no solo servirán para inyectar a la liquidez de la economía sino para fortalecer la balanza de pagos. Si no ingresan esos valores, la situación del país será muy complicada, agregó.
Es imperativa la aprobación de la Ley Urgente porque establece reglas coordinadas para promover la estabilidad en las finanzas públicas. Es hora de que Ecuador se reinvente en su forma de administrar la economía y las finanzas públicas, con administración responsable de sus cuentas. Esto permitirá abrir el camino a una lenta recuperación de la economía y brindar confianza a la comunidad internacional, para decirle que estamos dando los pasos iniciales para reconstruir el desastre económico fiscal que vive hoy Ecuador, sostuvo.
Se prioriza la austeridad fiscal
El economista Roberto Rosero, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, señaló que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo prioriza la austeridad fiscal que, en estos momentos de crisis, no es pertinente para el país porque está enfocada a disminuir el nivel de ingreso de las personas.
Indicó que disminuir el gasto corriente generaría un efecto directo sobre el consumo y los hogares; lo mismo ocurre si se disminuye sueldos y salarios porque las personas priorizarían sus gastos, esto conllevaría a que empresas se vean afectadas y no se reactivaría la economía del país.
En otro orden, dijo que no está bien la concentración de funciones en el Ministerio de Finanzas ya que esto provocaría de centralización, cuando lo que el país busca es la descentralización. Además no está de acuerdo que el Banco Central se lo considera como banca pública porque es una entidad monetaria del país, tiene funciones diferentes.
Lo propio ocurre con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que no debe ser parte del Gobierno Central, sus funciones estar orientadas a brindar seguridad y bienestar a sus afiliados y sus fondos de carácter privado y un porcentaje público no debe ser topado por el Estado, concluyó Rosero.
JLVN/cz
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