En dos sesiones de trabajo, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Raúl Tello, tomó varias medidas respecto a la defensa de los derechos laborales y la ejecución de resoluciones en la región Amazónica, en el marco de la crisis sanitaria por Covid 19.
En la primera resolución, demanda de la supresión de la sobrecarga laboral docente y exceso de tareas escolares; entrega de nombramiento definitivo al personal y profesionales de la salud que están en primera línea.
Requiere del ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, dejar sin efecto los acuerdos mediante los cuales se promueve la reducción de las remuneraciones e imponen condiciones para despedir a trabajadores, en virtud de su carácter regresivo, en materia de derechos.
Solicita política pública que proteja el derecho de empleados y trabajadores despedidos del sector público y privado, durante la emergencia sanitaria, porque contravienen expresas disposiciones constitucionales y legales.
Además, que el Ministerio de Salud reincorpore a los trabajadores del Hospital Inmunológico Alfredo J. Valenzuela de Guayaquil, conforme lo establece el Acuerdo de Mediación de fecha 23 de diciembre del 2019, convenida en la Sala de Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.
Conmina al Ministro de Economía y Finanzas transfiera los recursos de manera inmediata para cumplir con el pago de las remuneraciones del magisterio, empleados, trabajadores y demás funcionarios del sector público correspondiente al mes de marzo del 2020 y, por ende, en lo venidero, garantice el pago puntual de sus salarios.
Solicita al Ministerio de Educación dejar sin efecto el oficio de 26 de marzo de 2020 en el que advierte con despedir o desvincular a docentes que laboran bajo contratos ocasionales o con nombramientos provisionales; garantizar la estabilidad laboral de estos maestros hasta que participen en los procesos de ingreso a la carrera docente. Además, le exige que, en atención a la Resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en sesión No. 016 del 18 de diciembre de 2019, revise los procesos y restituya los derechos de los docentes que fueron sancionados y destituidos, en el gobierno anterior.
Región Amazónica
Sobre las acciones en la región Amazónica. La Comsión exhorta al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para que dentro de los primeros diez días de cada mes y sin necesidad de orden previa, se transfiera directamente el cuatro por ciento (4 %) para el Fondo Común, con la finalidad de que la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica atienda las necesidades de la zona en esta emergencia sanitaria. Esto, en relación a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Así mismo, pidió al presidente de la Asamblea Nacional para que, dentro de sus competencias, otorgue prioridad al tratamiento de la Reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Los legisladores aseguraron que después de dos años de vigencia de la Ley, han evidenciado varias falencias en cuanto a su aplicación y efectividad, por lo que es necesario asegurar un mayor y efectivo cumplimiento de los derechos adquiridos por los ciudadanos, comunidades, pueblos y nacionalidades de la región Amazónica.
Previo a la aprobación de estas dos resoluciones, la asambleísta Mae Montaño precisó que los temas que se abordan son profundamente humanos, porque las circunstancias que vive el país son críticas, en una economía que agoniza. Mientras que Raúl Tello indicó que herramientas como las resoluciones les permite, desde el ámbito de sus competencias, hacer exigencias en beneficio del país.
Las dos resoluciones fueron aprobadas por unanimidad, de los con cinco asambleístas presentes.
RSA/cz
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