La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, recibió al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, así como al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, con el propósito de conocer las acciones tomadas, en los ámbitos del sus respectivas competencias, para atender los requerimientos de conectividad y de educación virtual durante la emergencia sanitaria.
El ministro Michelena, tras detallar las acciones desarrolladas para garantizar el acceso a internet y a otras modalidades tecnológicas para el desarrollo de las actividades educativas en medio de la pandemia de Covid-19, anunció que insistirá en su propuesta de reforma legal para disponer de fondos que permitan ampliar la conectividad a las deferentes provincias del país, sobre todo para garantizar que cerca de un millón de ecuatorianos tengan acceso a las nuevas tecnologías.
Indicó que el Gobierno presentó un Plan Nacional de Telecomunicaciones, junto con un Plan de Servicio Universal, que incluye tres estrategias: bajar los costos de internet, así como ampliar la conectividad; hablar con las operadoras telefónicas para que compartan las antenas; y, trabajar en plataformas y herramientas digitales que apoyen de forma adecuada el desarrollo de las actividades gubernamentales, en este sentido, por ejemplo, las aplicaciones 171 y SaludEC, han permitido atender adecuadamente la emergencia sanitaria.
Hasta el momento, dijo, hemos avanzado en un proceso hacia la digitalización del país con un toral de 1800 trámites en entidades públicas que se realizan en línea, es decir que el ciudadano ya no tiene que ir hasta las oficinas para efectuar sus gestiones. Destacó que gracias a la existencia de conectividad vía fibra óptica cientos de empresas e instituciones públicas y privadas pueden desarrollar sus actividades mediante teletrabajo.
Aseguró que el 66,18 % de los ecuatorianos cuenta con acceso a internet fijo, por lo cual Ecuador ha sido reconocido como uno de los países que han crecido aceleradamente a nivel de Latinoamérica, a lo cual se suma el acceso por canales móviles, wifi y otros, con lo cual 11 millones 500 mil ecuatorianos se benefician de la conectividad.
Respecto de la educación, Andrés Michelena indicó que para suplir la falta de accesibilidad a internet en ese grupo de un millón de ecuatorianos, se ha propuesto ampliar las alternativas de enseñanza a través de teleducación, en señal abierta y, de ser posible, mediante Acuerdo con la Corporación Nacional Telefónica (CNT) podamos contar con un canal educativo por cable.
En tanto, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, identificó cuatro problemáticas relacionadas con el acceso al derecho a la educación en las actuales circunstancias: acceso desigual a las tecnologías; el costo de pensiones en época de crisis; el nuevo rol de los padres y madres de familia como facilitadores de la educación virtual; y, problemas propios de la educación virtual propiamente dicha.
Sobre el primer ítem, Carrión dijo que solo el 37 % de la población urbana cuenta con un computador; en el sector rural únicamente el 23,27 % cuenta con este accesorio; de la población urbana, solo el 46,6 % tiene acceso a internet, mientras en el sector rural este factor llega al 16 %; el 10,7 % de personas entre 15 y 49 años tiene teléfono inteligente y no ha usado computadora.
Explicó que de las 12 863 unidades educativas fiscales y fiscomisionales, solo 4747 tienen acceso a internet. En provincias como Guayas, Pichincha, Santa Elena y Tungurahua, se alcanza un 70 % de acceso a internet, mientras en Morona Santiago, Orellana y Pastaza, entre otras, el acceso alcanza al 20 %.
Respecto de los costos de las pensiones y, en el caso de la Costa, las matrículas, aseveró que el Ministerio de Educación debió establecer un instructivo para la aplicación de estos pagos durante la emergencia sanitaria y no formular un exhorto. Es evidente que hay padres y madres de familia que en las actuales circunstancias no tienen las condiciones para cancelar pensiones completas, tampoco han recibido los servicios en su totalidad, tampoco puede ser que se les obligue. Pagar las matrículas para garantizar el cupo en escuelas y colegios.
Con relación al nuevo rol de los padres y madres de familia, muchos no cuentan con una preparación adecuada para guiar a sus hijos en los procesos educacionales, aparte que tienen que atender sus obligaciones en teletrabajo. Y, finalmente, en los problemas de la educación virtual, muchos docentes tampoco han sido capacitados para aplicar debidamente las técnicas de enseñanza en línea.
La ministra de Educación, Monserrat Creamer, se excusó de asistir este viernes y se comprometió a hacerlo el próximo lunes.
Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, agradeció la asistencia de los comparecientes, así como sus aportes, al tiempo que comprometió el apoyo del organismo para tratar iniciativas relacionados con la ampliación de la conectividad en el país, considerando que el acceso a las tecnologías es ya un servicio básico.
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