Una vez finalizadas las comparecencias, la Comisión de Desarrollo Económico inició la elaboración del informe para primer debate, respecto al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario que envió el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica.
Los asambleístas en una primera intervención hicieron énfasis en los consensos alcanzados, entre ellos, inyectar liquidez a la economía, que el peso de la crisis no se traslade a las personas de clase media y de escasos recursos, que la tabla de contribuciones sea la misma para el sector público y privado y que la contribución se cobre a quienes ganan a partir de 1500 dólares.
Respecto al destino de los fondos que se recaudarán por contribuciones, puntualizaron que es necesario que estos se destinen a la emergencia sanitaria, empleo y reactivación de las empresas y no al pago de la deuda externa. Sobre el tema laboral indicaron que es fundamental mantener el empleo y para eso es necesario plantear alternativas para su flexibilización. Si bien hablaron de los acuerdos entre empleadores y trabajadores, manifestaron que el Gobierno debe estar presente en la mediación.
Otra coincidencia fue el diferimiento de pago de alquileres, préstamos al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), tarjetas de crédito, servicios básicos, reducción de tarifas eléctricas para los ciudadanos y empresas mientras dure la emergencia. También concordaron en que es necesario revisar la base legal de la ley porque en algunos artículos hay una serie de inconstitucionalidades, esto luego traería varias demandas, aseguraron.
Así mismo, dejaron claro que el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo no soluciona la crisis que atraviesa el país, ya que el déficit fiscal es de 10 000 millones de dólares y con esta normativa solo se obtendrían 1200 millones.
Medidas Solidarias
Los parlamentarios se enfocaron en el análisis del Capítulo II del proyecto de Ley que se refiere a las Medidas Solidarias. Sobre el tema de pensiones educativas concordaron que la reducción de costos debe ser mandatorio y que el Gobierno entregará ayuda mediante compensaciones monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo. Así también, se habló de diferir el pago de las mismas en cuotas mensuales, sin intereses, una vez terminado el estado de excepción.
Para el caso de la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato, el planteamiento fue que también se incluya al sector comercial, salvo excepciones y que, además, se realice una reprogramación del pago de cánones.
Respecto a no incrementar los servicios básicos plantearon la prohibición de cortes, prórroga y reprogramación de pagos, condonación de valores para sectores populares y la rebaja de las tarifas eléctricas.
Los legisladores también analizaron la posibilidad del uso anticipado de los fondos de cesantía para aquellas personas cuyo sueldo sea menor a dos salarios básicos unificados, a pesar de no estar cesantes. Resaltaron que los afiliados podrán acceder a este beneficio durante el periodo de declaratoria de estado de excepción por emergencia sanitaria y hasta dos meses posteriores de la terminación de la misma.
En cuanto a las facilidades de pago a la Seguridad Social propusieron que también se incluya a las personas naturales, no solo a las micro y pequeñas empresas como planteó el Ejecutivo.
Mañana la Comisión se reunirá a partir de las 09h00 para continuar con el análisis del proyecto.
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