Los proyectos urgentes en materia económica que se analizan en la Asamblea Nacional, abren espacios de discusión sobre las distintas temáticas. Este sábado 25 de abril, la presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, junto a expertos laborales, analizó las contribuciones solidarias por el Covid-19 y los posibles efectos en el trabajo que se establecen en el proyecto de Apoyo Humanitario.
Los panelistas presentaron varias observaciones como que la contribución solidaria debe hacerse en función del ingreso; que la Ley debe considerar respuestas post crisis; establecer una estructura de supervivencia; y, que la ayuda pública debe aplicarse solo a empresas que no hayan despedido a sus empleados.
Contribución debe ser sobre el ingreso
Andrés Chong Qui, experto laboral, hizo un análisis de las particularidades de la contribución solidaria en relación a los empleadores y trabajadores, manifestó que al no hablarse en el proyecto sobre el ingreso neto, se está violando el derecho a la seguridad jurídica. A su criterio se debe establecer cuál es el factor sobre el cuál se calculará el tributo. Sostuvo que no saber cómo se calcula el ingreso neto podría caer en la expectativa que supere el nivel de endeudamiento del trabajador en la retención que se calcule.
Así mismo, considera que el factor sobre el cual se calcule la contribución debe observar todos los elementos y que los administradores y representantes legales deben estar sobre la misma regla que es ingreso. Aseguró que quien ejerce actividad económica de manera independiente se ve afectado por la depresión derivada de la misma pandemia y sus ingresos no son los mismos del año anterior. Recalcó que el proyecto lo que establece es una contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales, porque a las personas que obligarán son a las que declaren impuesto a la renta, con RUC, entre otros.
Respuesta a post crisis
Raúl Ledesma, ex ministro de Trabajo, considera que la Ley Humanitaria debe tener respuesta a la post crisis, para que no se sigan incrementado los despidos y para sostener la actividad productiva.
Propuso dos tipos de contratos: el emergente ordinario; y, el extraordinario. El primero, va de un día hasta un año, y de uno a dos años con la posibilidad de renovación, con período de prueba y con la eventualidad de reducir las horas laborales a un 50 %; y, el extraordinario de hasta seis meses. Cree que sí se pueden dar los acuerdos, lo único no negociable son los salarios, apostilló.
Ley debe generar estructura de supervivencia
La empresaria Inés Baldeón comentó que el título del proyecto no guarda relación con el objeto y contenido. Dijo que la Ley se refiere exclusivamente al tema de contribuciones que son únicas y temporales y que más del 50 % de empleo formal en Ecuador lo forman las pequeñas y medianas empresas y son las más afectadas en la economía.
Planteó que la Ley considere la estimulación del empleo; generando la estructura de un estado de supervivencia, con créditos a más bajos costos, optimización de la mano de obra; y, mejora del trabajo productivo de las empresas. Además, garantizar idoneidad en el manejo de los recursos públicos por la comisión de notables.
Ayuda pública debe aplicarse solo a empresas que no hayan despedido a sus empleados
De su lado, la asambleísta Marcela Holguín, tras manifestar que la ley para que tenga el carácter de humanitaria debe basarse en salud, alimentación y trabajo, enfatizó en la importancia de ciudadanizar la política y traducir las demandas de la gente en leyes. Cuestionó que se pretenda imponer una contribución mayor a los trabajadores.
Sobre la extensión de cobertura del IESS, sugirió que sea para quienes perdieron su trabajo por la emergencia sanitaria y eliminar los obstáculos que existen para acceder a un verdadero beneficio. Sobre las facilidades de pago a la seguridad social, dijo se debe extender el beneficio al afiliado sin relación de dependencia y a los patronos de las trabajadoras remuneradas del hogar.
Además, Holguín precisa que se deben definir los pagos que se harán al finalizar la emergencia. Respecto a la ayuda pública por estabilidad laboral, cree que se debe aplicar solo para las empresas que durante la emergencia sanitaria no hayan despedido a sus empleados y trabajadores, previo a la presentación de los estados financieros que demuestren la afectación y verificación de que están pasando por malos momentos económicos.
Al inicio del Foro, la presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, enfatizó en la importancia de estos espacios, más aún en la coyuntura actual que ha golpeado a la clase trabajadora. “Queremos que el Ecuador salga adelante, debemos estar unidos, que sean pocas las incidencias y más las coincidencias, en momentos en los que a todos nos preocupa la economía", enfatizó.
RSA/cz
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