El proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, calificado de urgente por el Ejecutivo, será tratado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, este viernes 1 de Mayo, a las 09h30, según convocatoria establecida por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, sobre la base del informe aprobado por la Comisión de Régimen Económico.
La mesa legislativa, en dicho informe, acogió las sugerencias de los sectores público, privado, academia, Gobiernos Autónomos Descentralizados, analistas económicos y asambleístas quienes plantearon 55 observaciones a distintos artículos del proyecto, con lo cual se modificó el 80 % de la propuesta enviada por el Ejecutivo.
En el informe se elimina el artículo 6 del proyecto, a fin de precautelar la autonomía administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la Seguridad Social, conforme lo determina la Constitución, por lo que, en los planes de inversión pública no pueden constar estas entidades.
Así mismo, en el documento se plantea que el Ministerio de Finanzas Públicas participará en la elaboración, actualización y consolidación de la programación maroeconómica en lo referente al campo de las finanzas públicas.
Se establece, además, que la programación macroeconómica presentará escenarios que identifiquen el comportamiento de las principales variables de los sectores de la economía, verificando su consistencia intersectorial, en particular con el sector fiscal; será plurianual y anual y se constituirá en un insumo para la determinación de los principales supuestos macroeconómicos de la programación fiscal.
En cuanto a la previsibilidad del ingreso y operaciones de cobertura del ingreso petrolero, se plantea que el Ministerio de Finanzas podrá contratar servicios e instrumentar mecanismos como la adquisición de opciones, seguros, conversión de productos básicos y otros similares, para alcanzar un ingreso mínimo derivado de la comercialización de petróleo que permita enfrentar la volatilidad de su precio en el mercado y sus potenciales efectos presupuestarios.
De igual manera, se determina los términos y condiciones técnicas de este tipo de operaciones de cobertura del ingreso petrolero, su estructuración y gestión, la aplicación presupuestaria y contable de ingresos y gastos, y los efectos de este tipo de transacciones en los restantes componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
Igualmente, el Ministerio de Finanzas deberá incluir en la pro forma del Presupuesto General del Estado una asignación en el gasto, con el objeto de atender las posibles contingencias generadas por la materialización de riesgos fiscales. Esta asignación no podrá ser superior al 3 % del gasto total del Presupuesto General del Estado luego de descontar el porcentaje correspondiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
También, el Ministerio de Finanzas podrá realizar modificaciones presupuestarias para rebajar el Presupuesto General del Estado, con excepción de los ingresos de la Seguridad Social, así como aumentar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 5% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional; no computarán a este límite los incrementos presupuestarios realizados para la aplicación de operaciones de manejo de pasivos y declaración de estado de excepción decretados por el Presidente de la República.
Con respecto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el informe se establece que el aumento o disminución sólo se podrá realizar en caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les corresponde por ley y hasta ese límite. La liquidación se hará cuatrimestralmente para los ajustes respectivos.
Además, se determina que el límite de deuda podrá ser modificado cada cinco años hasta un techo máximo del 45 % del PIB. Este límite deberá regresar a los límites iniciales del 40 % del PIB durante los próximos tres años.
El informe para primer debate prevé la creación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal que estará conformado por once miembros que definirán las metas fiscales sectoriales para el ámbito público.
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