Sostener el empleo y la economía de las familias es el centro del debate en la Ley de Apoyo Humanitario

Viernes, 01 de mayo del 2020 - 17:56 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El Pleno de la Asamblea Nacional continúo con el análisis del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria del Covid-19, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. Entre jueves y viernes, 59 legisladores realizaron observaciones y aportes a la normativa.

Debate

Capítulo I: Contribuciones Temporales y Únicas

Una vez más los asambleístas concordaron que este proyecto de Ley “es un paño de agua tibia” para enfrentar la grave crisis que atraviesa el país, y se mostraron en contra de los nuevos impuestos que pretende “imponer el Gobierno”. Indicaron que la tabla de contribución humanitaria le pasa factura a la clase media y a las familias con escasos recursos. Al mismo tiempo, defendieron a los trabajadores que no tienen relación de dependencia, pues aseguraron que no puede aportar con base a sus ingresos de 2019.

Varios legisladores cuestionaron que la contribución humanitaria arranque en los 720, dólares y volvieron a insistir que sea a partir de los 1000 dólares, o para quienes ganen 30 mil dólares anuales. Pidieron que también se revise la reducción de sueldos del nivel jerárquico superior.

Cuestionaron la contribución que se pretende imponer a las empresas, porque según dijeron ya fueron afectadas, en diciembre del año pasado, por la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, resaltaron que el colapso de la empresa privada está ligada al desempleo. Pidieron “aire” para que las compañías no pierdan su cadena de pago (empleados, proveedores y Seguridad Social) por lo que apuntaron a la necesidad de inyectar liquidez. También consideraron que debe haber una tabla para su contribución.

En otro punto, algunos parlamentarios se mostraron a favor de aplicar un impuesto del 2 % al patrimonio, el cual estaría dirigido a aquellos bienes que pertenecen a empresas que poseen subsidiarias en paraísos fiscales. Otros sostuvieron que gravar con impuestos al patrimonio de los ecuatorianos es inconstitucional y demagógico. Citaron el artículo 135 de la Constitución, donde se establece que solo el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos.

Así mismo, hicieron un llamado al Gobierno para transparentar las cifras económicas y que explique los mecanismos que implementará para la renegociación de la deuda externa. También pidieron buscar nuevos créditos con los organismos multilaterales. Ratificaron su intención de llevar a juicio político al Ministro de Finanzas, entre otros motivos, por el pago de la deuda externa en plena crisis sanitaria.

En referencia al crédito tributario señalaron que únicamente se debería considerar a los trabajadores con relación de dependencia, más no a empresarios y banqueros.

Capítulo II: Medidas Solidarias para el Bienestar Social

Sobre la disminución del 20 % de las pensiones educativas, algunos asambleístas indicaron que la reducción no debe ser generalizada debido a que las realidades de las instituciones son diferentes, indicaron que para muchas entidades este descuento significaría la quiebra. Pidieron al Ministerio de Educación un plan de contigencia para atender a niños y adolescentes que se quedarían sin estudiar.

Los parlamentarios sí están de acuerdo con apoyar a los inquilinos para que por la crisis no sean desalojados de sus viviendas, sin embargo, dijeron que esta medida se debe considerar para marzo, abril y mayo. También resolvieron la prohibición de terminación de pólizas de salud ni suspensión de su cobertura por mora y bajar costos para los servicios básicos.

De la misma forma, concertaron en la entrega de créditos por parte de las entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria para el sector productivo dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas o asociaciones de comerciantes y trabajadores por cuenta propia.

Además, pidieron que exista renegociación para el pago de tarjetas de crédito y préstamos con instituciones privadas, así como la reducción de las tasas de interés. Al mismo tiempo solicitaron reprogramación para la cancelación de los créditos quirografarios e hipotecarios con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Propusieron que los afiliados a la Seguridad Social tengan la posibilidad de disponer de los fondos de reserva el momento que lo necesiten.

Capítulo III: Cuenta Especial de Ayuda Humanitaria e Impulso a la Economía

Los legisladores manifestaron que la Cuenta Especial no debería estar manejada por miembros desginados por el Presidente de la República, porque restaría independencia. Propusieron que esté conformada por dos representantes del Gobierno, uno nombrado por el Defensor del Pueblo, un delegado de los trabajadores y otro, por parte de los empresarios.

Se propuso que a esta cuenta vayan los recursos que se podrían generar por la eliminación de pensiones vilitalicias tanto de expresidentes y vicepresidentes de la República, así como lo recaudado por los servicios bancarios, el dinero de decomiso por el lavado de activos y el dinero que el Servicio de Rentas Internas recaude por las deudas en firme que tienen las grandes empresas.

Fueron enfáticos en señalar que los fondos de la Cuenta se destinen para el sistema de salud, alimentación de los grupos más vulnerables y la reactivación productiva.

Capítulo IV: Medidas para Apoyar la Sostenibilidad del Empleo

Señalaron su intención de velar para que ya no exista mayor vulneración de derechos y paren los despidos tanto de instituciones públicas y privadas.

Respecto al acuerdo entre las partes manifestaron que debe ser tripartido, empleador-trabajador-Gobierno, ya que este último deberá garantizar que no se atente contra los derechos de los más vulnerables.

Al mismo tiempo, varios asambleístas cuestionaron el contrato especial emergente y la reducción de la jornada laboral, dijeron que es atentatorio contra los derechos laborales porque se contempla la rebaja de salarios. Mientras que otros sugirieron la jornada por horas, pues esto permitirá reactivar la economía.

También, pidieron revisar el artículo 169 del Código del Trabajo porque, amparados en este, muchas empresas ha despedido a sus trabajadores. Señalaron que la terminación de contrato laboral por fuerza mayor o caso fortuito aplica solo si la empresa dejó de operar.

Se pidió incorporar un artículo respecto a la estabilidad laboral del personal de salud y el pago a posgradistas que ahora se encuentran trabajando en las casas de salud debido a la emergencia sanitaria.

Disposiciones

Nuevamente se trató la rebaja de pensiones alimienticias, en ese aspecto mencionaron que la disminución debe ser dictaminada por un juez y no reducirlas por ley.

Se pidió además que se incluya una disposición sobre la repatrición de capitales para que se inviertan en el país.

Otra de las sugerencias para incoprorar en las disposiciones fue que Galápagos goce de amnistía tributaria y quede excento de las contribuciones humanitarias. Además, se solicitó al Gobierno Nacional la adquisición de un préstamo internacional para que sea destinado a impulsar el sector turístico de las Islas.

Una nueva propuesta es que también se descuente el 50% del salario a embajadores y cónsules del país en el exterior y se elimine las cuotas políticas de esas instituciones.

En otro aspecto, insistieron que en un plazo de 15 días se reincorpore a los trabajadores que fueron despedidos tanto de las instituciones públicas como privadas.

También cuestionaron que de las contribuciones humanitarias se excluya a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Otro pedido fue que esta aportación no la hagan las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas.

El debate continuará mañana a partir de las 10h30, se espera la participaicón de aproximadamente 40 asambleístas.

SV/cz

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