En una tercera jornada de trabajo el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió la mañana y tarde de este sábado para continuar con el análisis del informe para primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario de iniciativa del Ejecutivo.
Esta vez las observaciones y aportes a los distintos capítulos de la propuesta de Ley se expresaron en el debate de la siguiente manera:
Capítulo I: Contribuciones Temporales y Únicas
Las contribuciones humanitarias para trabajadores y empresas establecidas en el proyecto de Ley generan diversas posturas al interior del Parlamento. Mientras unos sostienen que es inconstitucional crear más impuestos y “meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos”, hay quienes opinan que únicamente la solidaridad sacará al Ecuador de la crisis sanitaria y económica en la que está sumido.
En caso de aprobarse la tabla de aportes, propuestas en la ley, indicaron que la base debería ser a partir de los 1500 o 2500 dólares. En referencia a los trabajadores sin relación de dependencia, dijeron que su aporte debería ser en relación a sus ingresos de 2020 y no de 2019.
Sobre la colaboración de las empresas mencionaron que restarles liquidez pondría en riesgo fuentes de trabajo. Manifestaron que sería conveniente entregarles a las compañías créditos blandos a bajas tasas de interés. Otros opinaron que las contribuciones de las empresas podrían partir desde los 500 mil dólares.
Así mismo, propusieron que el Gobierno implemente un nuevo modelo de dinamización de la economía donde el sector privado sea su aliado. A la vez, llamaron para que el Estado reduzca la carga fiscal, concesione las empresas ineficientes, reoriente el Presupuesto General del Estado y deje de pagar, mientras dure la crisis, la deuda externa.
Para acelerar la recaudación de fondos sugirieron que el Servicio de Rentas Internas cobre las deudas en firme que tienen las grandes empresas del país; la renegociación de contratos mineros y petroleros, la creación de impuestos a las utilidades de la banca y el cobro de glosas adeudadas por las telefónicas.
Artículo 5
Tras varias interpretaciones hechas a la propuesta de este artículo, los asambleístas sostuvieron que la normativa establece que el impuesto patrimonial del 2 % es única y exclusivamente para bienes inmuebles de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones en el exterior. Recalcaron que esto no aplica para el común de los ciudadanos.
Capítulo II: Medidas Solidarias para el Bienestar Social
Los parlamentarios solicitaron que la reducción de las pensiones educativas se ajusten con la realidad de cada institución. Ratificaron que el Gobierno deberá entregar ayudas mediante compensaciones monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo.
En cuanto a la educación superior señalaron que las universidades están comprometidas en incrementar el porcentaje de becas, aplicar mayores descuentos y brindar créditos educativos.
Solicitaron también que el Ministerio de Educación presente un programa para que, mientras dure la emergencia por el Covid-19, los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales puedan acceder a la educación mediante programas radiales o televisivos.
Sobre el tema de suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato, sugirieron que los arrendatarios no sean desalojados de sus viviendas, incluso 70 días después que termine la emergencia, el proyecto del Ejecutivo contemplaba que sean 60 días. Manifestaron que sería conveniente que, a más de la reducción de la energía eléctrica se rebaje el costo del agua potable.
En otro aspecto, pidieron que la banca privada y pública entreguen líneas de crédito con bajas tasas de interés para los sectores agrícolas y ganaderos. Además, plantearon que la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos dispongan bajar las tasas de interés.
Capítulo III: Cuenta Especial de Ayuda Humanitaria e Impulso a la Economía
Los asambleístas indicaron que todo lo recaudado deberá destinarse a la emergencia sanitaria y a la reactivación productiva. En este marco propusieron la entrega de créditos con bajas tasas de interés y meses de gracia para la agricultura y acuicultura, porque estos segmentos podrán reactivar la economía.
También expusieron que lo recaudado por multas a los ciudadanos que violaron el toque de queda ingrese a esta cuenta. Sostuvieron que la Cuenta Especial debería estar manejada por conocedores de salud, generación de empleo y agricultura.
Capítulo IV: Medidas para Apoyar la Sostenibilidad del Empleo
Plantearon que los acuerdos entre las partes podrán ser expuestos tanto por empleadores como trabajdores. Puntualizaron que una vez suscritos los acuerdos entre las partes, el Ministro de Trabajo deberá velar por su fiel cumplimiento. Así mismo, solicitaron que las empresas transparenten con los empleados los movimientos financieros de los últimos seis meses.
Pidieron también que en la normativa se plantee al Covid-19 como una enfermedad profesional, debido a que quienes están en la primera línea están expuestos a contagiarse.
Sugieron que exista una interpretación al numeral 6 del artículo 169 porque muchos empleadores están utilizando la figura de fuerza mayor o caso fortuito para desvincular a sus empleadores. Esto es inconstitucional y constituye una regresación de derechos, en tal sentido los trabajadores deberían luchar para que se reconozca por despido intempestivo, concluyeron.
Se propusieron reformas laborales como la flexibilización de horas de trabajo, esto permitirá dijeron que la mediana y pequeña empresa genere mayores fuentes de empleo y los ciudadanos accedan a nuevas plazas de trabajo.
Capítulo V. Concordato
Sostuvieron que este capítulo contiene normas inaplicables que no beneficiarían a las partes. Plantearon que se introduzca una reforma a la Ley de Compañías donde se contemple una sección relacionada con la reestructuración o concurso para sociedades mercantiles.
Disposiciones
En esta ocasión, los asambleístas sugirieron que el teletrabajo se mantega durante una año para grupos de atención prioritaria, adultos mayores, persona embarazadas, con discapacidad y enfermedades catastróficas. Se dijo que también se podrían acoger funcionarios de sector público y privado que vivan con personas de la tercera edad.
En otro ámbito se propuso que en un plazo de 30 días, a partir de la publicación de la presente Ley, en el Registro Oficial; la autoridad compentente del Consejo de Gobierno de Regimen Especial de Galápagos declare a la provincia, por 2 años, como Zona Especial de Desarrollo Económico en Servicio Turístico. Se solicitó, además, que la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos de manera coordinada con instituciones privadas y públicas entreguen, durante 2020, líneas de crédito productivo con un año de gracia; y que los préstamos vigentes se reestructuren con seis meses de gracia.
Así mismo, gran parte de los asambleístas no están de acuerdo con la rebaja de pensiones alimienticias. Citaron el artículo 44 de la Constitución el cual garantiza que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos.
Un nuevo pedido fue que el sector educativo quede fuera de las contribuciones humanitarias. Se ratificaron en la reducción de cuotas políticas en embajadas y consulados, pues dijeron que al año se ahorrarían 180 mil dólares.
Convocatoria
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocó a los asamleístas para cerrar este debate, el próximo lunes 4 de mayo, a las 10h00.
SV/cz
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