El Pleno de la Asamblea Nacional, en la segunda jornada de trabajo realizada este domingo 3 de mayo, continuó con el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que fue tramitado en la Comisión de Régimen Económico. La propuesta modificada por este órgano legislativo está orientada al uso eficiente de recursos con sujeción de las políticas fiscales y económicas al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, poner orden en las finanzas públicas con techos presupuestarios institucionales para reactivar la economía del país.
Con la participación de 34 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la mañana y tarde de hoy, tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, al dar por terminado el debate, luego de siete horas, dispuso que las observaciones planteadas por los asambleístas se remitan a la Comisión de Régimen Económico que deberá elaborar el informe para segundo debate, en el plazo de 4 días.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, destacó la participación de sectores públicos, privados, academia, analistas económicos, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), de la seguridad social, quienes plantearon 55 observaciones al articulado, lo cual permitió preparar un documento mejorado en relación al del Ejecutivo.
Enfatizó que este es el momento de llegar a consensos y acuerdos en torno a los temas cruciales para el país, no solo afectado por la situación estructural de las finanzas públicas y el desfase que mantiene desde hace algunos años, a lo cual se suma una situación coyuntural generada por la pandemia del Covid 19. En manos de la Asamblea Nacional está ordenar las finanzas públicas y llevar como mensaje que “queremos hacer bien las cosas”, precisó.
Mendoza pidió a los parlamentarios corregir lo necesario, mejorar la redacción de artículos que desde su origen no fueron bien concebidos. Si bien hay que establecer una verdadera planificación de las reglas fiscales, articulada con los diferentes niveles de gobierno, se debe respetar la autonomía de los GAD y de la Seguridad Social, afirmó.
Autonomía
En el debate, los parlamentarios mencionaron que el proyecto enviado por el Ejecutivo presenta contradicciones con la Constitución, en cuanto a pretender incorporar un concepto de sostenibilidad fiscal sobreponiendo el concepto de eficiencia económica que nada tiene que ver con los presupuestos participativos de los GAD, por tanto, se violenta su autonomía.
Al referirse al artículo 2 del proyecto, los asambleístas indicaron que es inconstitucional porque se pretende establecer una nueva clasificación del sector público cuando el artículo 225 de la Carta Magna ya lo determina. Es decir, se confunde lo que es la administración central con la administración pública, con lo cual se pretende centralizar los presupuestos de los GAD y de la Seguridad Social, así como ubicar al Banco Central como entidad pública, cuando es una institución que controla los sistemas monetario, crediticio y cambiario. En este marco, plantearon que se debe eliminar dicho artículo o, en su defecto, modificarlo totalmente.
Varios legisladores coincidieron en que se debe revisar varios artículos de la ley enviada por el Ejecutivo que están orientadas a lesionar el principio de autonomía. Señalaron su desacuerdo de que la Seguridad Social pase a ser regulada por el Ministerio de Finanzas y demandaron del Gobierno el pago de las deudas que mantiene con la seguridad social que supera los 8 mil millones de dólares, así como la devolución de IVA que les corresponde por ley.
Reglas fiscales
Los legisladores sostuvieron que no hay que confundir los ingresos permanentes con los del sector no financiero. Hay que establecer techos de la deuda con relación del PIB, así como determinar límites de endeudamiento público, garantizar la autonomía del IESS, Isspol, Issfa, GAD, Banco Central, transparentar la información, vigilar la calidad del gasto y establecer control de las reglas fiscales.
Dijeron que reducir el límite de endeudamiento del 15 % al 5 %, limitaría la posibilidad del Estado de velar por las necesidades de los ecuatorianos y se dejaría abierta la posibilidad para que el 20 % de recursos sea utilizado para el pago de deuda externa. Se propuso que la deuda sea consolidada, aunque no todos estuvieron de acuerdo con este planteamiento.
Manifestaron que no permitirán que el Ministerio de Finanzas establezca límites al endeudamiento para los GAD de manera arbitraria, cuestionaron la no entrega de recursos por parte de esta Cartera de Estado cuando estos niveles de gobierno no entreguen información a tiempo. Aunque estuvieron de acuerdo en que no se debe permitir la discrecionalidad excesiva que tienen los gobiernos locales que invierten recursos en aspectos no necesarios, como por ejemplo contratar artistas para espectáculos.
Por otra parte, indicaron que no se puede dar cheque en blanco al Ministerio de Finanzas para contratar tratados bilaterales de inversión, con lo cual se podría endeudar más al país.
En el debate, los asambleístas mencionaron que los gastos financieros de la deuda no deben superar los ingresos permanentes, que la regla fiscal sobre la deuda pública no debe pasar del 40 % del Producto Interno Bruto y más bien determinar excepcionalidades, por ejemplo, endeudamiento en caso de emergencias como la que afrontamos al momento por la pandemia.
Algunos asambleístas consideran que, por el momento, la propuesta del Ejecutivo no va a resolver el problema económico fiscal que tiene el país, ya que la misma se pondrá en práctica en el 2022 con otra administración del Estado. En el proyecto se debe incluir temas relacionados con la salida de divisas, mencionaron.
Fondo de estabilización
Así mismo, los parlamentarios indicaron que en el proyecto se determina que los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, se destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal, pero no dice con claridad el fin, por ello, consideraron que lo que genere este fondo debe estar orientado a garantizar la sostenibilidad macroeconómica.
Se propuso que este fondo opere como un fidecomiso mercantil administrado por el Banco Central del Ecuador que tendrá como propósito reducir la deuda pública. En contraposición, se dijo que no conviene crear este fondo de estabilización cuando hay necesidades reales de educación y salud. Esto está bien en países desarrollados, se dijo.
Seguro petrolero
Al hablar del seguro petrolero, algunos legisladores manifestaron que no es el momento de crear el mismo por la situación que enfrenta el país con la pandemia. En su lugar, dijeron, por ejemplo se debería establecer seguros para el sector agrícola, turismo, que generarían recursos para el país.
En otra postura, varios parlamentarios plantearon que se debería incluir en el proyecto este seguro petrolero para que en su momento se lo pueda aplicar.
Comité Nacional de Coordinación Fiscal
En el debate, los parlamentarios señalaron que no está bien que el Comité Nacional de Coordinación Fiscal solo se integre por delegados del Ejecutivo, sino que debería estar conformado por representantes de la academia que sean expertos en materia económica, de los GAD, de las entidades de la Seguridad Social y de la Asamblea Nacional, a fin de que definan las metas fiscales sectoriales para el ámbito público.
Notas del Tesoro y plataformas digitales
Los legisladores mostraron su desacuerdo con la eliminación de los Certificados de Depósito (Cetes) para ser reemplazados por Notas de Tesoro. Mencionaron que en el proyecto existen artículos que van en contra de las competencias del Banco Central del Ecuador, al pretender establecer que la emisión de bonos se negociará a través de la Bolsa de Valores o plataformas de negociación.
Consideraron que no es conveniente que el gobierno dé cabida a generar más plataformas con costos al Estado, cuando lo óptimo es usar la del Banco Central. Mencionaron que es insuficiente la emisión del 8 % de los gastos totales del Presupuesto General del Estado, frente a la crisis de liquidez.
Mejorar la propuesta legal
Varios legisladores consideraron importante el tratamiento y aprobación del proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas con las correcciones que se deben hacer para respetar el marco constitucional y asumir con responsabilidad y compromiso este proyecto de ley.
JLVN/cz
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