En el marco de la socialización del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, la Comisión de Justicia, en la sesión virtual 072, recibió observaciones y sugerencias de expertos en el campo penal y de autoridades del sector público.
El debate se centró en la necesidad de articular las acciones de las instituciones y fortalecer los mecanismos de inteligencia para enfrentar, de mejor manera, a este fenómeno que provoca un grave impacto social y económico en el país.
María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), destacó la importancia de la aprobación de esta normativa, más aún cuando Ecuador no tiene una ley en materia de aduanas, ni una especifica en cuanto a delitos aduaneros.
Planteó que el Comité Interinstitucional sea un ente de vigilancia de mercado, liderado por el Ministerio de la Producción, donde participe el sector público y privado relacionado con el ámbito de mercados, a fin de que se convierta en una verdadera fuente de información. Además que se mantenga la unidad de operaciones a cargo de la Policía, Senae y Fuerzas Armadas, en función de desarrollar una tarea conjunta e integrada para bloquear todos los espacios.
Si bien, la propuesta clarifica la situación de almacenamiento, distribución, comercialización, falta incluir el mecanismo de transporte, mediante el endurecimiento de penas respecto a la retención del vehículo, aparte de la multa, dijo, tras precisar que el contrabando está asociado al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos conexos, en que están inmersas bandas de crimen organizado.
Daniel Legarda, viceministro de Producción, indicó que existe un marco normativo que atiende tipos penales como el contrabando y defraudación aduanera, definidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copsi), por lo que hay que tener cuidado en incurrir en antinomias, es decir, contradicción de leyes. Es más, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2017, firmaron un convenio para la creación de la Unidad Especializada de Lucha contra Delitos Tributarios y Aduaneros, enfatizó.
En tanto, José Almeida, subdirector de Cumplimiento Tributario del SRI, pidió especificar el tiempo razonable para la conservación de la documentación tributaria y que la Senae se encargue de catalogar la condición de mercaderías sensibles, al igual que la trazabilidad de productos.
Mientras Pablo Encalada, abogado penalista, opinó que es factible reducir de 150 a 50 salarios básicos el estándar a partir del cual se prevé que estamos frente a un delito aduanero para su sanción, pero que se debe armonizar con los delitos tributarios que son a partir de un dólar.
Habló también de la necesidad de que la Fiscalía o un juez penal realicen operativos para sacar del mercado productos del contrabando (cachinería) y que a los objetos incautados se les dé un mejor destino.
Prioridad
La asambleísta Ximena Peña reiteró que esta ley es una prioridad para el Parlamento en su conjunto, al anunciar que pedirá a la Judicatura una estadística sobre los procesos judiciales en el tema contrabando.
El parlamentario Héctor Muñoz, autor de la iniciativa, manifestó que es fundamental la construcción colectiva de la normativa, con el propósito de que sea efectiva y garantice resultados positivos para el interés del país. Es clave fusionar la gestión de instituciones dispersas, insistió.
Asimismo, los parlamentarios José Serrano y Rocío Orellana coincidieron en que urge desarticular las estructurales criminales y no solo atacar a los informales que se ganan unos pocos dólares en las calles.
MG/cz
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