La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Ximena Peña Pacheco, recibió aportes de representantes de los sectores relacionados con el comercio eléctrico, de calzado y de la industria textil, como parte del proceso para la construcción del proyecto de Ley de Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.
En primer lugar intervino Henry Aguilar, presidente de la Cámara de Pequeña Industria de Azuay y del Sector Eléctrico, quien dijo que es necesario contar con una ley que incentive una cultura de sana competencia. En cuanto a comercio electrónico, la evasión tributaria sobrepasa los 73 millones de dólares, añadió.
Advirtió que, pese a los cambios legales que se introdujeron en 2019, la evasión sigue en un porcentaje de 55 %, del cual el 20 % corresponde a equipos de gama baja y el 35 % restante, a aparatos de alta gama, lo cual hace necesario que haya mecanismos efectivos de control, a través del código IMEI, cuyo registro permitirá saber qué equipos provienen legalmente y cuáles no.
De su lado, Lira Villavicencio, de la Cámara Nacional del Calzado, aseguró que su sector siente que existe una alta competencia desleal por el ingreso de calzado sin pagar ningún tipo de tributo o arancel, por el cual se vende en precios inferiores al producto nacional. Se trata de una industria que genera 114 mil empleos directos que están en riesgo por el comercio ilegal; por eso, se requiere de normas que permitan endurecer las sanciones para quienes incurran en estas acciones.
Entre tanto, Mónica Malo, directora de Mucho Mejor Ecuador, enfatizó que es imprescindible establecer controles adecuados al comercio ilegal, control de la subfacturación en la declaración de valores aduaneros, revisión de leyes de protección hacia diferentes grupos de contribuyentes, tales como artesanos y emprendedores, así como eliminar el concepto de contribuyentes especiales. Así mismo, es importante incentivar el consumo de lo nacional, agregó.
Para Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, este sector es uno de los más grandes del país, cuenta con 33 encadenamientos productivos y es víctima permanente del comercio ilícito que pone en riesgo a centenares de puestos de trabajo, pues solo en 2019 perdieron su empleo alrededor de 13 mil personas, el 80 % de ellas conformado por mujeres, en su gran mayoría cabezas de familia.
Explicó que entre las acciones ilegales más frecuentes que se deben controlar está el incumplimiento de licencias, falsificación de productos, comercialización ilegal, ventas sin factura. Lo que necesitamos es que exista respeto a la legalidad, que el comercio se formalice y que los controles sean efectivos, pues necesitamos defender el empleo y que se mantenga la empresa, añadió.
Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, agradeció los aportes de los distintos sectores productivos, los cuales serán analizados a profundidad y, de considerarlos pertinentes, se los incluirá en el texto legal.
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