La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el asambleísta Raúl Tello, recibió la mañana de este 06 de mayo a José de la Gasca, secretario Nacional Anticorrupción y Leopoldo Quirós, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quienes brindaron aportes para el tratamiento de la conocida Ley de Extinción de Dominio o de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado.
El secretario de Estado inició su exposición indicando que la lucha contra la corrupción es bandera de dicha institución. Sobre la situación en el país dijo “la corrupción va en moto y las leyes en bicicleta”, al referirse a la urgencia de establecer mecanismos jurídico ágiles para dar paso a la recuperación, por ejemplo, de bienes producto de hechos derivados de actos ilícitos.
Es así que se refirió a la Ley de Extinción de Dominio que busca ser un mecanismo para detectar los bienes ilícitos injustificados. Sobre este punto, indicó que se debe tener claridad en el objeto de la norma y distinguir los conceptos sobre la propiedad bien habida. En este marco indicó que se busca no eliminar el dominio sino el vínculo y los nexos para la adquisición de esos bienes injustificados.
Sobre la situación legal aplicable en nuestro país, el secretario De la Gasca se refirió como caso concreto a la legislación desarrollada en Colombia. La situación del Ecuador da cuenta, en la región, de una especie de paraíso para la generación de bienes ilícitos. Sobre estos actos, la ley busca ser más ágil para recuperar los bienes producto de la corrupción.
Se refirió además a que un aproximado de 70 mil millones de dólares son el perjuicio al Ecuador por parte de la corrupción. En este sentido, explicó que para determinar con certeza ese monto se debe ejecutar una sentencia que defina los montos reales y establecer las medidas de reparación al Estado ecuatoriano.
Ya en el marco del análisis de la Ley de Extinción de Dominio, indicó que tiene observaciones sobre el artículo cinco que define el concepto del bien de origen ilícito. Esta definición debe ser clarificada y establecerse el concepto como los bienes de origen injustificado. Es fundamental afinar este tema dentro de la norma, sostuvo.
Por otro lado, dijo que se debe determinar la necesidad de que los casos cuenten con un debido proceso, especializado en materia de lucha contra la corrupción, como lo tiene la legislación colombiana. Es decir, el sistema de justicia nacional debe contar con jueces especializados con experticia en la materia y conocimiento profundo sobre funcionamiento de dichas organizaciones delictivas, detalló.
Al ser consultado sobre el objetivo de la ley, comentó que esencialmente busca simplificar procesos que se encuentran en normativa penal y civil, con el objetivo de hacerlos más ágiles y eficientes. En el dictamen de un caso se debe esperar entre siete años o más, cuando, con esta ley, esos procesos disminuirían a uno. Finalmente, indicó que la normativa permitirá también establecer responsabilidades a terceros o testaferros que son parte de este tipo de delitos.
Sobre presuntos hechos de corrupción en hospitales del IESS
Tras la intervención del secretario de Estado, los legisladores solicitaron información de los hechos donde presumiblemente se han conocido actos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria nacional, en hospitales del Instituto de Seguridad Social (IESS).
Inmediatamente conocidos estos hechos, actuamos como corresponde, dijo De la Gasca. Informó que sobre el último caso, donde aparentemente existe sobreprecio en la compra de fundas antifluídos para cadáveres en el hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil, se estableció un equipo emergente de investigación con funcionarios de dicha Secretaría para colaborar con la justicia. Presentaremos en los próximos días resultados de estas acciones, puntualizó.
Aportes del director nacional de la UAFE
A su turno, Leopoldo Quirós, director de la UAFE, informó que en febrero pasado, esa institución firmó un convenio con la DEA (Drug Enforcement Administration) que es la organización de los Estados Unidos, parte del Departamento de Justicia de ese país, dedicada a la lucha contra el tráfico y consumo de drogas y el lavado de activos. Sobre este hecho, se busca la integración para una eficiente lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico en el país, dijo.
En este marco se refirió a la Ley que busca oxigenar de manera autónoma los procesos penales que anteceden a los hechos contra la administración pública, lavado de activos y narcotráfico, y hacerlos más eficientes.
La norma prevé una figura ágil y reafirma el derecho de extinguir el bien ilícito. Es impensable que los procesados una vez culminada su sentencia, gocen de esos bienes mal habidos y que no se pueden recuperar a favor del Estado, detalló Quirós. Además esta norma busca robustecer el trabajo en favor de ese accionar mediante procesos expeditos que nos permitan recuperar lo robado en un año y fortalecer las funciones del Estado, además de contar con procesos imprescriptibles.
Sobre la discusión que se ha desarrollado en torno a esta ley, informó que se han brindado mecanismos y argumento para su aplicabilidad en relación a la Constitución, porque esta ley sigue a los bienes y no a las personas.
Al término de la sesión, el asambleísta Raúl Tello presidente de la Comisión, dijo que continuarán con el tratamiento de esta ley, para lo cual en las próximas semanas se invitará a académicos y constitucionalistas, a fin de tener más aportes para el tratamiento de esta ley.
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