Con representantes de la Cámara de Industrias y Producción, de la Universidad de los Hemisferios y de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Comisión de Justicia profundizó la discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías. Los actores del sector empresarial y académico sugirieron incluir el tema de comercio ilícito en el título de la normativa.
Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, sostuvo que el comercio ilícito es una acto que se hace en contra de las leyes; no solamente afecta o defrauda al país, sino que también constituye una competencia desleal y terrible a la industria nacional. Además, es un desincentivo para la industria legal y el comercio nacional, que frena el desarrollo del país.
El Estado deja de percibir aranceles e impuestos como consecuencia de la venta ilegal de productos, que no pagan IVA ni ICE. Se incrementa el clima de violencia porque hay mafias de contrabando que están vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y financiación de actividades ilícitas como el terrorismo atrás del contrabando, que incluso fomenta la explotación de seres humanos, dijo, tras precisar que los cigarrillos, licores, drogas, ropa, celulares, calzado, electrodomésticos y gasolinas son los rubros más fuertes de este contrabando.
Remigio Hurtado, secretario General de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), habló de tomar en cuenta disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la Comunicad Andina (CAN). Aseveró que el Estado ecuatoriano pierde alrededor de 2 mil millones de dólares anuales por efectos del contrabando, mismo que ingresa en un 80 % por puertos y aeropuertos y un 20 % por los pasos de frontera.
Mencionó que hay 817 vigilantes aduaneros, de los cuales cerca de 300 laboran en la modalidad de contrato, cuyo personal no cuenta con equipos, vehículos y tecnología específica para cumplir eficientemente la tarea.
María Fernanda Román, directora del Proyecto Comercio Legal, docente de la Universidad de los Hemisferios, expresó que el comercio ilegal es un problema global que afecta a todo tipo de productos, que se ha incrementado en los últimos años, y abarca la falsificación, adulteración, piratería y por supuesto contrabando.
Expuso que la producción, venta y comercialización de productos ilegales es un problema mundial que moviliza miles de millones de dólares, tiene graves repercusiones económicas y sanitarias a los gobiernos, a las empresas y a los consumidores. Al tratarse de una actividad que combina altos beneficios con penas lamentablemente muy leves, el tráfico ilícito de productos es una forma de obtener mayores ingresos para el crimen organizado; es un negocio más rentable que el narcotráfico, la trata de personas y las armas, agregó.
Indicó que en medio de la pandemia inundan, a nivel mundial, medicamentos falsificados, incluso las mascarillas y las pruebas para la detección de la enfermedad, que se ofrecen en redes y plataformas tecnológicas. Es lamentable que mentes criminales lucren con el dolor de la gente, puntualizó.
Preocupación
Es preocupante las debilidades del personal de aduanas para el control del contrabando, manifestó el legislador Elio Peña. Mientras la asambleísta Karla Cadena destacó el rol que pueden cumplir, en territorio, los gobiernos autónomos descentralizados, en coordinación con el SRI, para verificar productos de contrabando y hasta retirar patentes a locales que incurran en el ilícito.
Es una oportunidad histórica que tenemos como Estado para erradicar este fenómeno, a fin de defender a la industria nacional, proteger la salud de la ciudadanía y garantizar el empleo, preparándonos a lo sucederá en la fase pospandemia, según el criterio del parlamentario Héctor Muñoz.
A su vez, el asambleísta José Serrano insistió en desarrollar una implacable lucha contra las estructurales criminales, que ponen en riesgo la economía del país, tras expresar que inquieta la información del dirigente de la Conasep, en el sentido de que el fisco pierde 2 millones de dólares anuales por contrabando.
Tema amnistías
Posteriormente, la mesa de Justicia escuchó los argumentos legales del doctor Jorge Benavides respecto a la solicitud de indulto en favor de Santiago Miguel Villavicencio Toro. En este contexto, la asambleísta Rocío Orellana dijo que se ha criminalizado la actividad de la minería artesanal y que las autoridades garantizan, casi siempre, los intereses de las grandes empresas mineras, especialmente en la provincia de El Oro y que en ese caso se encuentra Santiago Villavicencio, oriundo de la zona.
También se conoció las peticiones de amnistía de Edison Gustavo Valle Idrovo y David Eduardo Velasteguí Carrera.
MG/cz
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