La reducción presupuestaria a las instituciones de educación superior públicas y cofinanciadas fue abordada desde la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, este viernes 08 de mayo. Mediante videoconferencia comparecieron Catalina Vélez Verdugo, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES); Freddy Carrión Intriago, defensor del Pueblo; Fabricio Tinajero Jiménez, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi; y, Pablo Vanegas Peralta, rector de la Universidad de Cuenca.
La representante del CES inició su intervención amprándose en el artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que le establece como atribución aprobar la fórmula de presupuesto para las universidades, el mismo que lo plantea la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt); finalmente, la asignación es competencia del Ministerio de Finanzas, indicó.
Vélez recordó que los criterios de distribución de los recursos son dados por la calidad y excelencia académica, eficiencia administrativa y financiera; y, pertinencia. Actualmente reciben presupuesto estatal 26 universidades públicas, tres universidades de posgrado y ocho particulares son cofinanciadas. En estas últimas, el presupuesto se destina a becas para estudiantes que pertenecen a grupos históricamente excluidos.
En este sentido, la reducción del presupuesto considera a dos de los tres grupos de universidades que reciben fondos, estas son universidades públicas y las cofinanciadas. A la fecha, el CES ha oficiado al Ministerio de Finanzas solicitando información sobre las cifras de la reducción y, especialmente, de los parámetros por los cuales se ha ejecutado. La acción se replicó con la Senescyt.
De su lado, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, subrayó que como institución de defensa de los derechos humanos, frente a la reducción de fondos para educación han alertado a la Corte Constitucional para que se pronuncie. Señaló que la facultad de control político de la Asamblea Nacional es fundamental en estos momentos.
Frente a esta situación, se establecen dos escenarios, según el defensor. El primero es que la reducción obdedece a la crisis económica. El segundo, que el recorte se da para tomar los recursos de la educación con el propósito de cubrir necesidades de la pandemia. En cualquiera de los dos escenarios existe regresión y vulneración de derechos humanos, afirmó.
La medida es abiertamente inconstitucional y reduce injustificadamente el ejercicio de los derechos, mencionó Carrión. Esta decisión afecta a la calidad de la educación, a los salarios de los docentes y, sobre eso, a la capacidad de desarrollo del país, pues solo con educación se puede dejar atrás el subdesarrollo, afirmó.
Finalmente, el Defensor aseguró que a partir de un pronunciamiento de la Corte Constitucional se pueden tomar acciones de protección, para garantizar los derechos de los estudiantes de la educación superior.
Voz de las universidades
Fabricio Tinajero, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, mencionó que el recorte a las instituciones de educación superior ha sido inconsulto, pues no les han informado ni tampoco han recibido comunicación formal alguna.
Desde la Universidad de Cotopaxi, al menos 65 docentes deberían ser despdidos para sostener la estructura presupuestaria de la institución, de acuerdo al recorte, aseguró Tinajero. Por otra parte, deberían asignar mayor número de carga horaria a profesores, disminuyendo la calidad de los procesos educativos. Al disminuir el número de maestros la integralidad de una universidad incluyente e inclusiva se trastoca, puntualizó.
Para Pablo Vanegas Peralta, rector de la Universidad de Cuenca, la decisión de recortar el presupuesto a las universidades a mediados de año, cuando parte de este ya se ha consumido, les obliga a hacer ajustes pues existen gastos generados hasta mayo, profesores contratados, actividades de docencia e investigación, entre otras.
Con 50 carreras y 1 200 profesores, las complicaciones son inminentes, enfatizó Vanegas. “Deberemos ejecutar el recorte en el último cuatrimestre del año, deberíamos pensar en reducir cupos pero nos resistimos a hacerlo… Prescindir de profesores, de talento humano con experiencia, pone en riesgo la calidad de la enseñanza”, dijo.
El rector de la Universidad de Cuenca concluyó con un llamado a las autoridades de Gobierno para hablar, acordar y no afectar a este rubro tan importante para el país.
Agotados los puntos del orden del día, el presidente de la mesa legislativa, el asambleísta Jaime Olivo, clausuró la sesión.
CZ
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