La sociedad tendrá un rol fundamental en la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en estrecha coordinación con la familia y el Estado. Así lo fijó la Comisión Ocasional que trata esta temática, dentro de la revisión del texto de Libro I del proyecto de reformas al Código de la Niñez.
En esa línea, podrá exigir, velar y dar seguimiento del adecuado ejercicio de derechos de este sector vulnerable, así como a las políticas públicas, planes y programas, proyectos y otras acciones que adopten las instituciones públicas, para asegurarlo; denunciar las vulneraciones de derechos, la inexistencia o insuficiencia de los servicios, la falta de políticas públicas, su inadecuada aplicación o cualquier otra situación que menoscabe el pleno ejercicio de los mismos.
Al respecto, Verónica Espinel, de Compromiso con la Niñez, sugirió incluir también uno de los mandatos constitucionales para lo sociedad civil, constante en el artículo 100 de la Carta Magna, de trabajar por mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
Habló, además, de la necesidad de participar en la construcción de la política pública, promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación para el ejercicio de derechos. Esto mediante la creación de consejos consultivos, observatorios, veedurías y otras organizaciones sociales que fortalecen la democracia.
Derecho de participación
Recogiendo el sentir de las organizaciones sociales, la mesa estableció, entre otros aspectos, que los niños y adolescentes, en función de su grado de desarrollo y madurez, tendrán derecho a participar en la toma de decisiones, planificación, implementación y evaluación de la política pública, así como en la gestión de asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado en los temas que les afectan.
Expresar libremente su opinión sobre temas que les competen, sin ningún tipo de presión; se garantizará las condiciones para que grupos con discapacidad ejerzan su derecho a la participación, mediante instrumentos técnicos y sistemas de apoyo para la expresión de su voluntad; los medios de comunicación destinarán un espacio diario a la difusión de contenidos relacionados con derechos de la niñez y adolescencia; están prohibidos los mensajes violentos explícitamente sexuales, discriminatorios o de odio, entre otros aspectos.
Identidad de género
En base a la propuesta de la asambleísta Dallyana Passailaigue, la Comisión determinó el derecho de niños, niñas y adolescentes a no ser discriminados por desarrollar, de forma autónoma y progresiva, su orientación sexual e identidad de género, para cuyo efecto, el Estado, la familia y sociedad, a través de normas, políticas públicas y medidas administrativas judiciales, garantizarán el ejercicio de esta garantía. Contarán con el acompañamiento y apoyo de sus progenitores para evitar cualquier discriminación.
Trabajo infantil
La mayoría de comisionados se pronunció por erradicar todo tipo de explotación laboral y económica en contra de los menores y que cualquier trabajo sea a partir de los 18 años de edad, prohibiendo expresamente la tarea doméstica. Sin embargo, la legisladora Encarnación Duchi, titular del organismo, invitó a reflexionar que existen jóvenes de 15 y 16 años que se dedican al cuidado de menores para obtener ciertos ingresos y pagar sus estudios, por lo que este tema merecerá mayor discusión.
MG/cz
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