En el marco de la socialización y debate del proyecto de la Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, la Comisión de Justicia receptó observaciones y propuestas de las agencias de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad); de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa); de Semillas (Ecuasem); de Importadores de Licores (AEIL); y, de Servidores Públicos Aduaneros (Aspae).
Los actores sociales coincidieron en la necesidad de generar una acción global e integral entre el sector público, privado y la ciudadanía, así como unificar la gestión interinstitucional y los mecanismos de inteligencia, a fin de realizar un control más coordinado y efectivo para frenar esta grave problemática, considerando que afecta a la producción nacional y a la economía del país.
José Moreno, de Agrocalidad, planteó que se incorpore a un representante de esta entidad dentro del tema del comité de autoridades competentes, para ejercer un control paralelo y de corresponsabilidad con los servicios de Rentas Internas (SRI) y de Aduana (Senae).
Sugirió que se ajusten los tiempos para declarar a un producto como sensible, ya que esperar el informe técnico demoraría más de 24 horas, lo que puede provocar que la plaga y la enfermedad entren en un proceso de diseminación, además que la falsificación de documentos se lo ponga como una infracción administrativa, a más de ser una infracción penal.
Veronica Loaiza, de Arcsa, dijo que el contrabando, defraudación aduanera, piratería y la corrupció tienen impacto negativo en la sociedad. El contrabando de productos de uso y consumo humano (medicamentos, alimentos procesados, cosméticos, higiénicos, reactivos de laboratorio, dispositivos médicos, etc.) conlleva al comercio ilegal y circulación de productos ilegítimos, adulterados o falsificados, principalmente porque se desconoce su procedencia y las condiciones higiénicas en que fueron elaboradas, lo que representa un problema de salud pública.
En este sentido, pidió declarar como mercancía sensible a todo producto de uso y consumo humano, sujeto a control y vigilancia.
Pablo Álvarez, de Ecuasem, solicitó que en la ley se incluya la piratería, falsificación y contrabando de semillas de hortalizas. Si bien en 2020 se firmó el reglamento de semillas, existen debilidades porque no hay sanciones específicas y las que aparecen se aplican a los usuarios registrados, a los que están cumpliento la ley; para comerciantes informales no hay sanciones ni multas, enfatizó.
En valores tributarios, el Estado pierde por el uso de semilla pirata o contrabandeada 1 milllón 400 mil dólares en el rubro arroz y 1 millón de dólares en el área de maiz, aseguró.
Felipe Cordovéz, presidente de AEIL, habló de la urgencia de que Ecuador cuente con un marco legal práctico y ágil, que establezca multas más duras. Los fuertes impuestos a las bebidas de producción local y más a las de importación no ha tenido impacto real en el consumo, simplemente el negocio cambio de fuente y pasó a las redes de contrabando y falsificación de licores, añadió.
Iván Bastidas, presidente de Aspae, exigió que el Cuerpo de Agentes Aduaneros sea debidamente equipado para un cabal cumplimiento de su tarea, tomando en cuenta que es un brazo operativo de la Senae.
Se mostró partidario que las competencias del Servicio de Aduanas no se trasladen a otras instituciones, pero sí se permita realizar acciones de inteligencia dentro de las zonas primaria y secundaria, para detectar los casos de contrabando y defraudación aduanera.
Comentó que las inteligencias han actuado por separdo y no han dado los resultados requeridos, por lo que es fundamental unificar estas acciones, para mejorar la lucha contra este fenómeno.
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