La Comisión de Justicia receptó más opiniones sobre el proyecto Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías. Este jueves, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, el Instituto de Derecho Tributario y la Cámara de Comercio de Guayaquil presentaron varias observaciones al respecto.
Cristian Lombeida, de la Fiscalía General del Estado, expresó que el contrabando es un fenómeno multifactorial, el cual desde la experiencia internacional es también abordado por la política criminal, bajo dos enfoques: preventivo y represivo.
Destacó que las propuestas de los asambleístas Héctor Muñoz y Cristóbal Lloret están enfocadas en la línea de fortalecer las capacidades de prevención de todos los estamentos que tienen algún tipo de participación para frenar este fenómeno, así como la sanción en el área administrativa y penal, como un mecanismo de persuasión.
Reiteró que es fundamental definir una nueva estructura de coordinación para erradicar el contrabando y que esta sea obligatoria, al pedir que se incluya la conceptualización del fraude aduanero. Observó que el Comité Permanente Interinstitucional para la Erradicación del Contrabando no tiene competencias para conocer y resolver denuncias, quizá si podría canalizarlas a la Fiscalía.
Sugirió que en el Comité participen la Judicatura o la Corte Nacional de Justicia y los ministerios de Transporte y Educación, además que se creen comisiones o subcomités interinstitucionales fronterizas. La implementación de estrategias comunicacionales en el orden preventivo ayudarán a educar a la ciudadanía en este tema, enfatizó.
En tanto, Gabriela Uquillas, abogada en libre ejercicio profesional y asesora aduanera en la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que tiene que haber un articulado de control a la venta, pues si todas ellas estuvieran controladas y se pudiera identificar que todo el que vende entrega facturas, sería muy difícil sacarle jugo o beneficio al contrabando.
Insistió que el control al contrabando tiene que darse de manera articulada, porque la Aduana sola no puede, ya que su control llega a un límite. En el control a la venta, encontraremos al verdadero defraudador, agregó.
Pablo Villegas, vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, pidió clarificar la presencia del sector privado en la temática, ya que puede aportar datos e información especifica. Sostuvo que es pertinente la inclusión de la reincidencia como causal para sanciones mayores.
Llamó a mejorar la idea de la prevención y los elementos de desarrollo. A la par de endurecer sanciones, hay que fijar alternativas de inversión en favor de la gente que vive en zona de frontera, enfatizó.
En tanto, Eduardo Pena, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), manifestó que aunque la detección y sanción de operaciones de contrabando corresponde al Servicio de Aduanas, a través de sus delegaciones distritales y del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, es clave la interacción entre diferentes instituciones que tienen, de forma permanente, ocasión de conocer situaciones y comportamientos relacionados con estos fenómenos (contrabando o lavado de activos), cuyo oportuno reporte es definitivo para el éxito de la lucha contra estos delitos.
MG/cz
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