Expertos de España, que forman parte del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO), de la Unión Europea, en la Comisión de Justicia, destacaron la trascendencia de las jurisdicciones especializadas en la lucha contra la corrupción y delincuencia organizada. Esto, en el marco del tratamiento de reformas en materia judicial.
Para Antonio Roma Valdés, fiscal español y coordinador del Pilar Justicia del Programa PAcCTO, es fundamental que policías, fiscales y jueces ecuatorianos logren experticia frente al combate de nuevos delitos: minería ilegal, trata de personas, lavado de activos, tráfico de especies, criminalidad organizada, cibercrimen, pornografía infantil y otros de gran dimensión.
Hace falta, continuó, una norma específica para perseguir este tipo de casos, incorporando nuevas técnicas de investigación que permitan enfrentar a redes de la criminalidad organizada, que utilizan hoy tecnología del siglo XXI, mientras tenemos una legislación de los siglos XIX o XX. El COIP es interesante pero tiene que ir progresando acorde a la realidad, enfatizó.
También se pronunció por desarrollar una cooperación a nivel internacional, a la vez de expresar que se debe tomar en cuenta que Ecuador registra problemas de vulnerabilidad de algunos jueces en zonas conflictivas de frontera.
Amenaza a convivencia democrática
La delincuencia organizada, que está presente en la sociedad, constituye una de las más graves manifestaciones criminales de nuestro tiempo y supone una seria amenaza del modelo democrático de convivencia, la cual está ligada y asociada con la corrupción administrativa, política y económica, según la visión de María del Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Se requiere articular un nivel específico para luchar contra este fenómeno, adoptar medidas que permitan al Estado ofrecer una respuesta penal a los delitos y no quede en la ciudadanía esa sensación de impunidad, expuso.
Certeza y agilidad
Ana Belén Alonso Gonzales, letrado del Tribunal Constitucional de España, comentó que el sistema de jurisdicciones debe garantizar certeza, agilidad y transparencia en las respuestas de los órganos judiciales, lo que incidirá en la credibilidad de la población, tras señalar que el concepto de territorialidad y de proximidad es pertinente.
Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional, reflexionó que la complejidad de la corrupción y de la criminalidad transnacional exige la especialización de jueces, tribunales, fiscales, policías y de expertos: economistas, contables, facultativos y técnicos que pueden ser del Estado y aportar en el tema de funcionamientos del sistema offshore, paraísos fiscales, constitución de sociedades opacas, secreto bancario y las administraciones fiduciarias.
Debate profundo
La asambleísta Ximena Peña, presidenta de la mesa, recordó que el Ejecutivo envió una reforma para la creación de tribunales y jueces anticorrupción, lo que generaría un presupuesto especial para su funcionamiento, en momentos que el país atraviesa una crisis económica y sanitaria. Anunció que impulsarán una normativa enfocada en el proceso de especialización de los administradores de justicia para tratar de erradicar la corrupción y el crimen organizado.
Cooperación
En la reunión participó María del Carmen Maldonado, titular del Consejo de la Judicatura, quien ponderó los niveles de cooperación permanente con la Asamblea y el Programa PAcCTO. En la lucha contra la corrupción seremos inclaudicables, dijo, al solicitar a los comisionados que pongan atención especial en el régimen disciplinario, dentro del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial.
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