El Grupo Parlamentario de Derechos Humanos realizó el panel virtual “Afectaciones a los derechos humanos, durante la emergencia sanitaria y el estado de excepción; repercusiones específicas en los derechos laborales”.
María Marta Travieso, experta laboral de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), explicó que la situación por el Covid-19 afecta a escala mundial. En ese marco, expuso que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OIT se han pronunciado sobre la limitación de ciertos derechos humanos, la cual debe ser expresa legalmente, de forma excepcional y limitada en el tiempo.
Respecto al despido de trabajadores manifestó que es necesario que exista diálogo social y negociación colectiva para la conservación de empleos. Incluso afirmó que, si existe un cuerpo sindical, ellos serían los llamados a negociar los contratos ya existentes. Así también dijo que en caso de desvinculaciones laborales es necesario cumplir con indemnizaciones y que el empleador exponga una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.
Defensoría del Pueblo
Freddy Carrión, defensor del Pueblo, manifestó que es obligación de los Estados proteger el derecho al trabajo, sin embargo, eso no ha sucedido en el país porque hasta el momento se han registrado 155 mil despidos. Destacó que antes de la crisis 6 de cada 10 ecuatorianos estaban en el subempleo, ahora con esta emergencia la cifra subiría a 7 de cada 10 ecuatorianos.
Al mismo tiempo, sostuvo que las inadecuadas políticas públicas llevarán al país a una crisis humanitaria. Señaló que, hasta el 24 de mayo, la Defensoría Pública receptó 8098 alertas por vulneración a derechos humanos. Las denuncias tienen relación con desvinculaciones laborales, inadecuadas condiciones de seguridad para ejercer el trabajo, acoso laboral, no pago de remuneraciones en el sector público, reducción de remuneraciones, disminución de la jornada de trabajo, entre otros aspectos.
Sobre el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario indicó que, desde la institución que dirige, se remitieron observaciones al presidente de la República, Lenín Moreno, pues indicó que la norma tal como está planteada vulnera los derechos de la clase trabajadora.
Debate
Una vez finalizada las exposiciones de los dos invitados, los legisladores abrieron el debate, en tal sentido, la asambleísta Doris Soliz, presidenta del Grupo, mostró su preocupación por el contrato de trabajo emergente que contempla el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, sostuvo que este solo podría ser aplicado para nuevas contrataciones.
Otros miembros del Grupo indicaron que no están de acuerdo con la rebaja del 50 % de la jornada laboral, porque se disminuye el sueldo y se precariza su situación.
Los comisionados acordaron emitir un pronunciamiento en el que solicitarán al Ejecutivo que el veto del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario garantice los derechos de los trabajadores, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la OIT y de la Defensoría del Pueblo.
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