La Comisión del Derecho a la Salud recibió observaciones a los proyectos de Ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables; y, del proyecto que previene el suicidio. Estos análisis se realizaron previo a la elaboración de los informes para primer debate.
Sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, Alicia Guevara, PhD por la Universidad Católica de Lovaina, docente de la Escuela Politécnica Nacional y fundadora del Banco de Alimentos Quito, planteó políticas de medición de la pérdida y desperdicio de alimentos, para contar con datos reales y hacer proyecciones futuras de la situación.
Comentó que de todo el alimento que se produce en el mundo, un tercio se desperdicia, (1.300 millones de toneladas), Ecuador está en la lista de América Latina que más desperdicia alimentos. Explicó que en Quito se desperdician más de 400 toneladas de alimentos por día, que son aptos para el consumo humano. Existen barrios que tienen índice de pobreza sobre el 85%, es decir, botamos comida mientras hay personas que la necesitan, expresó.
Habló de los Bancos de Alimentos como parte de la solución de la problemática social, cuya acciones permiten recuperar los alimentos donados por distintas fuentes; clasificación de alimentos; entrega a la instituciones de ayuda social que atienden a población vulnerable; y, acompañamiento y capacitación. Adicionalmente, comentó que elaboran informes, generan datos y ejecutan la verificación para la ayuda llegue a su objetivo. “Nuestro trabajo colabora con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), puntualizó.
La fundadora del Banco de Alimentos, consideró que el proyecto debe establecer un sistema para medir pérdidas y desperdicios; respecto a la jerarquización, se deben aclarar los procesos industriales de aprovechamiento y especificar cuál es el mecanismos que las entidades sin fines de lucro harán la redistribución de alimentos. Agregó además que es correcto establecer incentivos como donación, y también solicitó que los Bancos de Alimentos legalmente constituidos, sean certificados.
Los legisladores solicitaron información sobre la estrategia del Banco de Alimentos y su aplicación para garantizar que los alimentos lleguen a las personas necesarias, así como los requisitos para abrir un Banco de Alimentos. La funcionaria afirmó que el trabajo es muy delicado, por lo que es necesario que su manejo sea transparente y que la propuesta de Ley contemple que cualquiera que exista sea bajo una certificación oficial.
Salud Mental
Seguidamente, Peter Sanipatín, magíster en Psicoterapia, presidente del Colegio de Psicólogos de Pichincha, al referirse al proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio, subrayó que el suicidio es un problema de salud pública con graves consecuencias tanto a corto como a largo plazo, registrando cifras superiores causados por los homicidios e inclusive por las guerras.
Recordó que en el 2019 un total de 270 menores entre 5 y 19 años se quitaron la vida en Ecuador, la mayor parte varones. Según la Unicef el suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes. En menores entre 5 y 9 años se han registrado dos casos, algo atípico, por su capacidad de análisis.
Se reportaron 85 en el rango de entre 10 y 15 años; y, 183 entre 15 y 19 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y representa algo más de la cuarta parte de los suicidios ocurridos en el 2019, donde 1.203 personas se quitaron la vida tras señalar que las causas de suicidio son los niveles de violencia física, sicológica y sexual contra los menores. Uno de cada 3 niños son criados en un ambiente de violencia, según el INEC; y que 1.9 millones viven en hogares de absoluta pobreza.
El especialista cree que dentro de los programas de las instituciones de educación superior, deben constar actividades de promoción y prevención, como requisito de pregrado. Plantea la creación de la Secretaría de Salud Mental y un Consejo que actúe como veedor, evalúe y monitoreo las actividades propuestas en la presente ley.
Además, coordinar actividades para evitar problemas que puedan desencadenar en conducta o riesgo de suicidio; trabajar en la inclusión social, eliminación de estigmas, de la discriminación, en el buen trato, en la participación social; y, la seguridad económica y alimentaria; es decir, una atención de salud mental integral, en todos los niveles.
RSA/ea
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