La Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el legislador Héctor Yépez Martínez, recibió en su sesión de este miércoles, 03 de junio, a catedráticos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), de la Universidad Particular de Loja (UTPL) y al presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, quienes presentaron sus observaciones al proyecto de reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) y a la Ley de Vivienda de Interés Social.
Reformas al Cootad
En primera instancia, la Comisión contó con la presencia de Andrés Ortíz, catedrático de Ordenamiento Territorial de la UCSG, quien presentó sus aportes en el marco del procesamiento del Cootad. Tras referenciar la normativa legal vigente, Constitucional y comparada, entre otras cosas, recomendó que dentro de la Ley de Uso y Gestión del Suelo (Lootgus), la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) debe ser eliminada.
Sobre este tema, manifestó que afecta a las nociones elementales de la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), consagrados en la Constitución. También, recomendó que sobre el precepto legal constitucional, nadie puede inmiscuirse en los actos administrativos de los GAD.
Presentó sus sugerencias de reformas al Cootad en lo que respecta al articulado sobre la Garantía de la Autonomía así como sobre la Capacidad Operativa de los GAD. Se refirió al Control de Uso y Ocupación del Suelo en cada cantón, misma que le corresponde únicamente a los municipios de forma exclusiva.
Sobre el artículo 470 del Cootad, describió cómo debe ser la reestructuración de lotes para la ordenación urbana. Finalmente, se refirió a la Ley de Tierras Rurales y territorios ancestrales, cuyos textos deben ser analizados y mejorados.
Reformas a la Ley de Vivienda de Interés Social
A su turno, la mesa legislativa recibió a Claudia González, coordinadora de la Maestría de Arquitectura con mención en Vivienda de Interés Social de la UTPL, detalló que el tratamiento de la norma busca la vinculación del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, cuyo objetivo es lograr un mecanismo de acceso a la vivienda digna.
La académica se refirió a la construcción de la ley con todos los sectores, así como el de la academia, desde una perspectiva de investigación. Manifestó que es importante repensar los mecanismos de financiamiento de acceso a la vivienda y establecer nuevos enfoques para la gestión de la vivienda, a través de proyectos de autoconstrucción con beneficios sociales y económicos.
Por su parte, Marco Villegas, miembro del Directorio del Colegio de Arquitectos del Ecuador, dijo que como gremio profesional han analizado la ley en lo que respecta a los procesos técnicos y de aplicación de la norma. Sobre los niveles de competencia que constan en la ley, estos deben ser clarificados y establecerse las implicaciones, recalcó.
De manera general, dijo que la razón de ser la ley es establecer parámetros que garanticen un hábitat adecuado y en función de la realidad del país.
Por su parte, Jaime Vásconez, del Colegio de Arquitectos, dijo que se deben ejecutar planes de vivienda en función de la realidad territorial, pues se ha evidenciado que estas no se articulan con los territorios, ni con la población y sus actividades. Un problema que miramos es la falta de claridad en los roles del Ministerio de Vivienda (Miduvi) con los GAD, pues no se determinan de manera clara las competencias dejando por fuera a todos los actores que intervienen en el proceso de desarrollo de programas de vivienda, finalizó.
Tras estas intervenciones, la Comisión continuará receptando aportes y observaciones de distintos sectores a fin de tener una normativa clara y de calidad para su aplicación como espera el país, dijo el presidente de la Comisión, Héctor Yépez, al momento de finalizar la sesión.
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