El Decreto Ejecutivo 1036, de 6 de mayo de 2020, que dispone la fusión de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en una sola entidad denominada Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables fue motivo de análisis en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.
Los comparecientes piden explicación de las autoridades sobre la implicación del Decreto, la inconstitucional del mismo y del mecanismo de fusión, que a su parecer no es el correcto.
César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que ha pedido un análisis del Decreto y de lo que implicaría el tratar de unir las tres entidades de control. Ha solicitado al Ministro de Energía informar cómo se va hacer la fusión y cómo va a garantizar el derecho laboral que tienen los trabajadores de estas empresas.
Dijo que es importante que el Ministro pueda comparecer para que responda las inquietudes de los legisladores. “La Asamblea debe mantener su rol fiscalizador, más aún cuando se toma decisiones difíciles, donde está por medio el recorte de puestos de empleo, posible reducción de salarios y despidos de servidores.
El presidente de los trabajadores de Arconel, Iván Sánchez Loor, sostuvo que el Decreto 1036 elimina una estructura que consta en la Ley Orgánica que los creó y los ampara; vulnera derechos de servidores establecidos en la Losep; deja vacíos legales; crea conflicto de intereses; no refleja las recomendaciones de los estudios previos; y se contrapone a los resultados técnicos realizados por varias empresas.
Para el constitucionalista Ismael Quintana, se busca entender cómo, a través de un decreto, se dispone la eliminación de tres entidades del sector público como son las agencia de regulación minera, electricidad e hidrocarburos, creadas por Ley. Considera que lo pertinente hubiera sido presentar reformas a las tres leyes y que sea la Asamblea Nacional, siguiendo el trámite ordinario de formación de la Ley, la que decida si se eliminan las tres agencias. A su criterio, el decreto adolece de vicio de inconstitucionalidad.
De su lado, Bolívar Lucio, director Ejecutivo de la Arconel plantea la posibilidad de que se revierta la decisión tomada, en la medida en que la institución pueda funcionar de forma independiente. Le parece indispensable que se le dote de mayor autonomía e independencia porque son temas que requieren respuestas inmediatas. Reiteró que dejando de lado consideraciones jurídicas, se revea la posibilidad para que la actividad de control y regulación del sector eléctrico se mantenga en los términos que ha sido tratada desde hace 20 años.
Señaló que la institución tiene un peso pequeño en el Presupuesto General del Estado y podría volver al esquema con el que no dependía de éste. Mencionó que si se concreta la creación de una nueva agencia, esta debe ser una entidad que refleje alto grado de excelencia.
Raúl Baldeón López, director Ejecutivo de la ARCH, dijo que son autosustentables, que anualmente recaudan alrededor de 17 millones de dólares, de los cuales 12 millones son del presupuesto institucional y 5 millones entregan al Estado como remanente. Mencionó que el personal funcional es de alrededor de 480 con contrato directo, 46 con contrato provisional, y 25 amparados en el Código de Trabajo. Durante la emergencia de sanitaria no han parado, porque una de sus áreas es la encargada de proveer el combustible: diésel, gasolina y gas para el consumo de todo el país.
La Comisión considera necesario los criterios del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz Durán, por lo que insistirá en su comparecencia, para la próxima semana.
Vulneración de derechos
Previamente, los asambleístas recibieron a Diego Arroyo, asesor de la Federación Nacional de Trabajadores de la seguridad Privada del Ecuador, quien junto a la asambleísta Marcela Holguín denunció vulneración de derechos. Dijo que existen 137 mil guardias privados acreditados en el país, más de 1400 compañías registradas. Sin embargo, solo 800 están con permiso de operación lo que hace que haya explotación y precarización laboral. Pidió se convoque a las máximas autoridades y expliquen las acciones realizadas en beneficio de la seguridad privada. La Comisión elaborará una hoja de ruta sobre el tema.
RSA/cz
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