Por más de dos horas, la Comisión de Justicia conoció todo el proceso del caso Manuel María Calle Calle, de 72 años de edad, acusado del delito de secuestro por haber aplicado justicia indígena como miembro de los dirigentes de la comunidad San Pedro de Cañar.
Según el informe borrador, preparado por el equipo técnico asesor, la justicia ordinaria inobservó, en el juzgamiento de este grupo poblacional, los artículos 1, 57 y 171 de la Constitución, entre otros, que hablan de la interculturalidad y plurinacionalidad y que los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, cuyo principio de aplicación indígena está reconocido incluso en el ordenamiento jurídico internacional.
En el documento se hace mención a la alerta de la Relatoría de Derechos Humanos de ONU al Ecuador para que corrija esta situación y proceda a la reparación de daños. En tal sentido, se sugiere a los comisionados calificar los hechos analizados como de naturaleza política, en virtud de que los mismos obedecieron a acciones relacionados con el ejercicio de la administración de la justicia indígena y que se conceda la amnistía, disponga la extinción de la pena impuesta y el archivo de los procesos penales.
Los parlamentarios José Serrano y Elio Peña destacaron la profundidad del trabajo sobre este tema, por lo que desde ya se pronunciaron por la amnistía, ya que los dirigentes de San Pedro fueron víctimas de criminalización de la justicia.
En tanto, los legisladores Kharla Chávez y Franklin Samaniego coincidieron que hay que intensificar la discusión sobre el aspecto de delito político, acogiendo lo que dice el artículo 120 de la Carta Magna.
Voz de protesta
El parlamentario Serrano cuestionó duramente la actitud del juez que concedió la libertad al jefe de la banda “Los Choneros”, sentenciado a 20 años de privación de libertad, sin tomar en cuenta que maneja el narcotráfico y es responsable del delito de asesinato. Este es un mensaje de impunidad al crimen organizado de la administración de justicia, que tambien ha puesto a buen recaudo a ciertas autoridades involucradas en actos de corrupción, en particular de peculado, subrayó.
En esa línea, Elio Peña dijo que se ha confirmado que la justicia está para defender a los de cuello blanco y castigar a los de poncho. Pidió que la Asamblea Nacional ejerza, con todo rigor, la fiscalización contra este tipo de acciones.
MG/cz
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