La articulación institucional, competencias de los gobiernos autónomos (GAD), regulaciones penales, legislación internacional, fueron, entre otros, los temas que se discutieron en la sesión 085 de la Comisión de Justicia, a propósito del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.
En esta ocasión, la mesa escuchó planteamientos de representantes de la Cancillería, del Ministerio de Gobierno, de la Policía, del Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación de Municipalidades (AME).
Nevil Montenegro, de la Cancillería, al hablar de la competencia del Comité permanente Interinstitucional para la Erradicación del Contrabando de conocer y resolver las denuncias y requerimientos presentados por las comisiones técnicas por posibles casos de contrabando en el territorio nacional, observó que esto podría afectar las funciones propias de otras entidades nacionales como la Fiscalía General, Contraloría, o incluso la justicia administrativa y contencioso administrativa.
También comentó que la estructura de conformación de la Unidad de Control contra el Contrabando y el Comercio Ilícito, parece configurar una nueva institución con requerimientos propios, algo que resultaría poco factible en la situación actual de austeridad fiscal. Por tanto, llamó a pensar en una unidad especializada en este delito dentro de la Fiscalía General.
María Fernanda Lalama, asesora del Ministerio de Gobierno, dijo que el continuo incremento del contrabando y la defraudación aduanera de mercancías en el territorio ecuatoriano representa un riesgo para la seguridad nacional. De allí, la importancia de contar con un nuevo proyecto de ley, para un control efectivo de este grave problema, que defina el trabajo coordinado institucional y las funciones. Hizo reparos a que los GAD intervengan en el tema de aprehensión de mercancías.
En tanto, Joan Roberto Luna, comandante de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía, sugirió especificar cuáles son las instituciones que serán las encargadas de la coordinación, prevención y combate del contrabando y defraudación aduanera de mercancías.
Se pronunció porque el Comité Permanente Interinstitucional para la Erradicación del Contrabando y Defraudación Aduanera sea presidido por el Servicio Nacional de Aduana (Senae). Aclaró que la Unidad de delitos aduaneros y tributarios de la Policía tiene la responsabilidad de prevenir, denunciar y combatir los delitos aduaneros, tributarios; y, coordinar en la investigación con la Fiscalía, Servicio Nacional de Aduanas (Senae), Servicio de Rentas Internas (SRI), superintendencias y Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Por tanto, la creación de la unidad especializada en la persecución y combate del comercio ilícito, puede llevar a duplicar funciones, añadió.
Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, expresó que los sectores formales son los más afectados por el contrabando, lo que genera inseguridad, baja productividad, caída de inversiones, crecimiento de la informalidad, se pierden empleos, menos impuestos al fisco, e ingresan productos sin controles sanitarios. Planteó que lo referente a mercadería sensible se sujete a las disposiciones de la Comunicad Andina y lo de comercio electrónico tome en cuenta las leyes vigentes.
Karin Jaramillo, asesora de Normativa de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), llamó a repensar en el objeto de la ley: la articulación de los niveles de gobierno y nuevas competencias a los GAD. Manifestó que la Función Judicial tiene atribución expresa en la destrucción de mercancías o destinarlas a un fin determinado, por lo que objetó que esta competencia se quiera asignar a los municipios.
MG/ea
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