La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió en comisión general a representantes de los trabajadores de TAME, empresa pública que mediante Decreto Ejecutivo 1061 entró en proceso de liquidación.
Andrés Muñoz, delegado del colectivo Justicia para TAME, indicó que con la liquidación de la empresa, más de 800 trabajadores quedaron desempleados, ahondando así la crisis económica que ahora atraviesa el país. Señaló que los 400 millones de pérdidas no se las debería ver como un “número frío”, resaltó su colaboración con el turismo, negocios, comercio, conectividad y el cumplimiento de responsabilidad social, aquí ejemplificó con los vuelos y ayuda realizada por TAME durante el terremoto del 16 de abril de 2016.
En otro aspecto, indicó que sería factible que TAME siga operando con 300 trabajadores y que al resto de empleados les entreguen sus liquidaciones de acuerdo con lo que determina la Ley.
A la mesa también acudió Patricia Struve, representante del grupo prioritario, y en especial de ocho personas con enfermedades catastróficas, que trabajan en la entidad. Ella aseguró que al quedarse sin empleo será imposible acceder a tratamientos médicos, en tal sentido, comentó que se vulneran los derechos en cuanto a la atención oportuna a grupos prioritarios, así como los derechos a salud y trabajo.
De su parte, Rosa Calderón, delegada de los gremios y asociaciones de TAME, constituidas hace más de 28 años, solicitó que la empresa pague los recursos que adeuda a las asociaciones de empleados, indicó que en este sentido se ha dado una vulneración a los derechos colectivos de los trabajadores.
Mientras tanto, el coronel Galo de la Torre resaltó que hasta el momento la aerolínea no ha quebrado operativamente, a pesar de que sigue siendo víctima de malas decisiones de los gobiernos de turno, por lo tanto, dijo que podría seguir operando con 350 funcionarios de los 930 que ahora tiene. Además, pidió que se sinceren los sueldos de los altos funcionarios de TAME.
Finalmente, intervino Hernán Batalla, abogado del colectivo Justicia para TAME, quien habló de vulneración de derechos a los trabajadores. Indicó que los empleados no reciben los salarios desde hace tres meses y no hay atención para los grupos prioritarios. Mencionó que otra preocupación son los procesos de liquidación que vendrán por la difícil situación que afronta la empresa.
Examen Contraloría
Una vez terminadas las intervenciones, la asambleísta Mae Montaño indicó que es necesario que se determinen responsabilidades sobre quienes llevaron a TAME EP al momento que ahora atraviesa, por lo tanto, pidió que la Contraloría realice exámenes especiales en los temas técnico-operativo, área administrativa, económica y financiera y un examen a todo el proceso de liquidación. Este pedido fue apoyado por los asambleístas.
En el seno de la Comisión, el legislador Pabel Muñoz propuso conformar una subcomisión para que analice y haga un seguimiento al anuncio gubernamental de liquidar varias empresas públicas.
Estos pedidos se recogerán en una resolución que la mesa legislativa tiene previsto aprobar la próxima semana, así lo indicó el titular de la Comisión, Raúl Tello.
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