Con la presencia de representantes de los ministerios de Educación, Finanzas, Defensa, y padres de familia, la Comisión de Educación, en un segundo taller, profundizó el análisis de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Loei), que busca que las unidades educativas militares vuelvan a ser regentadas por las Fuerzas Armadas, en condición de fiscomisionales.
La parlamentaria Dallyana Passailaigue, quien impulsa dicha reforma, mencionó que la Loei, publicada en marzo de 2011, dispuso que las instituciones educativas que se encontraban administradas por Fuerzas Armadas, Policía, Comisión de Tránsito del Guayas y Aviación Civil pasaran a funcionar bajo la rectoría de la autoridad nacional de Educación y solo seis emblemáticas se quedaron en manos del Ministerio de Defensa.
Precisó que la experiencia ha mostrado serias falencias, especialmente en lo referente a la baja de la calidad educativa y la limitación de impartir materias complementarias, dentro del proceso de formación integral, fundamentalmente principios y valores, que tanto requieren hoy los niños y jóvenes. Dijo que los padres de familia están dispuestos a pagar las correspondientes pensiones, lo que garantiza el debido financiamiento y sostenibilidad a estos centros.
Apoyo
Sebastián Salazar, Leonardo Moncayo y Doris Guamán, del Ministerio de Educación, apoyaron la propuesta. Sin embargo, plantearon que la rectoría la maneje el respectivo Ministerio, acorde lo que manda la Constitución, además que las unidades militares se sujeten a un currículo nacional, más allá de que pueden establecer otras materias.
A su vez, Robert Tandazo, del Ministerio de Defensa, aseveró que no pretenden, de ninguna manera, salir de la rectoría del Ministerio de Educación y de la malla curricular nacional. Solo pedimos que se permita dictar normas de participación estudiantil, instrucción formal básica, liderazgo, comunicación, primeros auxilios, orientación y gestión de riesgos, entre otras materias, a fin que los alumnos tenga otra visión del territorio.
Reparos
Entre tanto, Diego Gallegos y Lenín Ochoa, autoridades del Ministerio de Finanzas, expresaron la preocupación por el impacto presupuestario que puede generar esta transición y la posible asignación de recursos adicionales para el funcionamiento de los colegios militares que retornarían a la administración de Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que el país sufre una grave crisis sanitaria y económica.
Vulneración de derechos
El sentir de padres de familia fue expuesto por Johanna Zambrano. Sostuvo que los colegios militares se mantuvieron por años con recursos de los militares y las pensiones, al enfatizar que la decisión de pasarlos al régimen de fiscales vulneró derechos de los estudiantes y que el mayor problema ha sido la baja de la calidad educativa.
Coordinación
Los parlamentarios Silvia Salgado, Amapola Naranjo y Jimmy Candell se pronunciaron por garantizar la gratuidad de la enseñanza y que los ministerios de Educación, Finanzas y Defensa coordinen esfuerzos para definir un planteamiento unificado. Incluso Noralma Zambrano planteó hacer una consulta a la Corte Constitucional para determinar si procede o no este asunto.
Los comisionados dejaron en manos de la asambleísta Dallyana Passailaigue que consolide el trabajo del comité interinstitucional, con el propósito de sacar una propuesta alternativa, ajustada a la norma constitucional.
MG/cz
