El proyecto de ley en materia anticontrabando contó con nuevos aportes de actores sociales. En la sesión 087, la Comisión de Justicia receptó los comentarios de la Unión de Productores de Huevos, de la Corporación Nacional de Avicultores y de la Asociación de Porcicultores, quienes expresaron que el ingreso ilegal de productos desde Colombia y Perú es intenso y pone en grave riesgo a la industria nacional e incluso la salud de la población.
Manifestaron que los costos de producción local, especialmente de materias primas (maíz y soya), así como los niveles de precios de productos que ingresan por las fronteras norte y sur, le pone a la empresa nacional en desventaja competitiva, por lo que muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar sus puertas.
De allí la importancia de aprobar una ley específica para enfrentar el contrabando, según Javier Corrales, presidente de la Unión de Productores de Huevos (Uniproh). Consideró que la conformación de un comité permanente, constante en el proyecto, es la piedra angular para articular la gestión de las instituciones y que el sector privado sepa el direccionamiento a quien acudir cuando tenga cierta información del cometimiento de este delito.
Diana Espín, directora Ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), indicó que al Ecuador ingresan aproximadamente 800 mil unidades de huevos de mesa, lo que impacta al sector en 700 mil dólares anuales. En el caso de huevos fértiles se estima que son 24 millones de unidades y 10 mil libras de carne de pollo, lo que provoca un impacto total de 2 millones y medio de dólares, hecho que incide en una competencia desleal, desestabilización de los precios finales del producto ecuatoriano, reducción de la mano de obra y baja en la adquisición de materia prima.
José Orellana, director Ejecutivo de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), planteó que en los considerandos del proyecto se incluya al sector agrícola como uno de los afectados por contrabando. También que las autoridades competentes cuenten con la infraestructura y presupuesto para el almacenamiento y destrucción de bienes capturados, al explicar que en el caso de animales, se requiere de facilidades para el alojamiento y alimentación hasta que el juez dicte la sentencia y los gastos deberán correr a cargo del infractor.
Sugirió que los plazos se reduzcan de 72 horas a 12 horas, para que el infractor pueda conseguir o no los documentos y tomar una decisión, tras precisar que es indispensable fijar el decomiso de vehículos y fuertes multas a conductores.
Crimen organizado
Para Ricardo Morales, de la Defensoría Pública, el contrabando es parte del crimen organizado, es una actividad vinculada con el lavado de activos y el narcotráfico. Por tanto, es fundamental la decisión política del Gobierno, de una normativa especial y de la activación de toda la sociedad para frenar esta problemática, tomando en cuenta que las mafias están cada vez más avanzadas.
Habló de definir la regulación respecto de aquellos sujetos que intervienen en el cometimiento del delito y contravenciones, quienes son utilizados para encubrir las responsabilidades directas.
Fortalecer el articulado
La presidenta de la Comisión, Ximena Peña, expresó que el contrabando se mira generalmente ligado a cosas eléctricas, celulares, entre otros artículos, por lo que las comparecencias han permitido ampliar el enfoque de otro tipo de áreas. Sostuvo que la instalación de mesas técnicas posibilitará fortalecer el articulado y la construcción del informe para primer debate.
MG/cz
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