En 10 sesiones, 20 comparecencias, con la presencia de tres organizaciones de derechos humanos, una institución pública, ocho de sus solicitantes o defensores, e igual número de expertos, la mesa de Justicia analizó y se pronunció por 20 de las 21 peticiones de amnistía en el caso de aplicación de la justicia indígena, en que están inmersos dirigentes de la comunidad San Pedro de Cañar.
En las sesiones 090 y 093, la Comisión evacuó los dos úlimos casos: de Luis Chimborazo Sarmiento y María Sotamba Padilla, resolviendo incorporarlos en el informe final del trámite de solicitudes de amnistía, de manera favorable.
A la lista, auspiciada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se suman: José Sarmiento, Sergio Paucar, Luis Calle, Manuel María Calle Calle, Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza, María Asenciona Tamay Murudumbay, Héctor Tamay Tamay, Luis Morocho Sanango, María Tenelema Romero, Zoila Espinoza Campoverde, Víctor Aurelio Espinoza, María Aurora Romero Romero, Blanca Teresa Tenezaca, María Baleriana Tenezaca Romero, Manuel Jesús Romero, Digna Sarmiento y Galo Mateus.
La solicitud de Julio Alberto Siguencia no obtuvo los votos suficientes, considerando que, de acuerdo a la ficha y expediente, no hubo formulación de cargos en su contra.
Respeto a la interculturalidad y plurinacionalidad
La reunión contó con la intervención de Aquiles Hervas Parra, coordinador del Grupo de Docentes Investigadores en Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico en el Ecuador, quien destacó que el Art. 171 de la Constitución, los artículos 24, 344, 345, 346 del Código de la Función Judicial, el 3 del Reglamento de Procesos y las normas internacionales consagran y reconocen la vigencia de la figura de justicia indígena, que es aplicada por aquellos que ejercen la representación política de la comunidad.
Existe, continuó, una deuda importante, histórica y notoria sobre la posibilidad de avanzar en el procedimiento constitutivo de vías que eviten precisamente los conflictos que estamos viviendo en estas solicitudes de amnistía. Entender la política es entender el poder y las relaciones de poder en un Estado y sociedad como la nuestra, que está llena de elementos de racismo exacervado, de neocolonialismo, de estigmatización profunda, que refuerzan los sistemas punitivos para quienes conforman las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, dijo.
Insistió que ejercemos constantemente actividades neocoloniales de poder sobre nuestros hermanos indígenas de los pueblos y comunidades, criminalizando incluso sus tradiciones ancestrales. Ponderó que la justicia indígena contiene sistemas reparadores, sanadores y restauradores, que van en la línea de superar conflictos de manera pacífica, darle tranquidad al territrio y hasta la puesta en marcha del trabajo comunitario (mingas), que deberían acogerse en el esquema formal.
Invocó, entonces, a la Asamblea Nacional dar un mensaje positivo al país en el caso de las amnistías, consolidando el principio constitucional de la interculturalidad y de respecto a las costumbres de los pueblos.
Perticencia y constitucionalidad
Oportunamente, en la fase de comparecencias, los expertos señalaron, en general, la pertinencia y constitucionalidad del otorgamiento de la amnistía en estos casos, en razón que existió criminalización por parte de la justicia ordinaria, al enfatizar que hubo el abuso de la figura de secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno para perseguir a autoridades y las caras visibles de la comunidad de San Pedro.
Adicionalmente, pusieron de manifesto la importancia que el Parlamento se pronuncie a favor de los derechos humanos de los pueblos como un acto político, de reafirmación del pluralismo jurídico y de reparación histórica.
También, en el documento del equipo técnico, se dio a conocer la alerta de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual el 13 de septiembre de 2019 expresó su preocupación “ante la criminalización de las autoridades de la justicia indígena por ejercer sus funciones.
Una vez que la Comisión de Justicia tengan listo el correspondiente informe, con las debidas fichas y expedientes, pasará a conocimiento y resolución final del Pleno de la Asamblea Nacional.
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