La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social se reunió esta mañana con el fin de aprobar el informe para primer debate de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, conocido como Ley de Extinción de Dominio, sin embargo, no fue posible porque tras recibir en comisión general a Sara Salazar, consultora del International Republican Institute, decidieron analizar al interior de la mesa si se incorporan las observaciones realizadas.
Durante la comparecencia, Salazar señaló que esta herramienta jurídica servirá no solo para combatir la corrupción administrativa, sino las actividades ilícitas que permiten que siga existiendo este acto. Indicó que con la normativa se podrá repatriar dineros ilícitos que salen del país producto de la corrupción. En su intervención dejó claro que en la extinción de dominio se investiga el patrimonio, no a la persona.
Entre las sugerencias que realizó están definir de manera clara cuáles son las actividades ilícitas que se deberían contemplar, por ejemplo, todas aquellas vinculadas contra la eficiencia de la administración pública; el régimen de desarrollo, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; el orden económico; responsabilidad ciudadana; terrorismo y su financiación, y todas aquellas que produzcan un incremento patrimonial injustificado o se encuentren vinculadas a la criminalidad organizada, se hallen ubicados en territorio nacional o extranjero.
Lo que se quiere con la norma es combatir “la criminalidad gruesa”, pues para lo otro tenemos el comiso penal, apuntó.
Sobre las definiciones indicó que el término investigado no sería adecuado, debido a que en materia de extinción de dominio, el titular del bien no es el investigado, los investigados son los bienes, el patrimonio y los derechos reales. En este sentido indicó que su sugerencia es utilizar el término afectado, citado, requerido o incluso demandado.
El debate en la Comisión se abrió y entre los opiniones emitidas se indicó que limitar las actividades ilícitas dejaría por fuera varios actos que no estarán contemplados en la norma, eso limitaría seguir con el proceso de extinción de dominio.
Al ser consultada por parte de los asambleístas respecto a la entrega de recompensas para quienes delatan enriquecimiento ilícito sostuvo que no está de acuerdo, pues en la mayoría de los casos los que delatan son los mismos criminales. “Aquí no se debería premiar a los delincuentes”, agregó.
Resolución
La Comisión tenía previsto aprobar hoy el informe para primer debate de dicho proyecto, sin embargo, tras las sugerencias efectuadas por Sara Salazar los comisionados resolvieron trabajar nuevamente con sus equipos para afinar diversos puntos, en tal sentido, acordaron que la votación será el martes 30 de junio en la mañana.
SV/cz
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