La Comisión Ocasional de Enmiendas continúa con el tratamiento del proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado por el Comité por la Institucionalidad Democrática. En tal sentido, los comisionados recibieron al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz y a los vocales del organismo.
En su intervención, Cruz señaló que el interés de los consejeros es potenciar el ejercicio de la participación ciudadana para controlar y combatir la corrupción. Indicó que la eliminación del Consejo implica poner en riesgo los derechos constitucionales a la participación, y esto sería un grave retroceso democrático.
De su parte, la consejera María Fernanda Rivadeneira mencionó que la propuesta del Comité por la Institucionalidad Democrática no ha determinado cómo se garantizará el derecho a la participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción.
Respecto a la designación de autoridades manifestó que se debería realizar de manera conjunta entre el Consejo y la Asamblea Nacional. La primera institución se encargará de realizar el concurso de méritos y oposición y enviará un listado de los 10 mejores puntuados a la Asamblea; mientras que el organismo legislativo será quien los elija. Así mismo, mencionó que es necesario una reestructura del Consejo de Participación, así como reformas a la Ley.
David Rosero, vocal de la institución, informó sobre el trabajo realizado por la entidad. Habló del fortalecimiento de organizaciones sociales, creación de escuelas de liderazgo, procesos de formación de participación ciudadana a escala nacional, entre otros aspectos.
Indicó, además, que se han realizado investigaciones y se han entregado informes a la Fiscalía sobre actos de corrupción, entre ellos mencionó: sobreprecio en la Refinería de Esmeraldas, irregularidades en el Comité de la Reconstrucción, sobreprecios en insumos médicos y más. En otro aspecto, agregó que están abiertos a dialogar con el Legislativo para mejorar el proceso de designación de autoridades.
Mientras que la consejera Graciela Estupiñán puntualizó que los derechos de participación ciudadana están consagrados en la Constitución. Señaló que el deber de la institución a la que pertenece es garantizar que estos se cumplan. Manifestó que la independencia política y administrativa permitirá combatir la corrupción, así mismo dijo que la propuesta del Comité por la Institucionalidad Democrática no proporciona alternativas para garantizar el derecho a la participación ciudadana.
El consejero Francisco Bravo también se refirió a la designación de autoridades, en ese marco indicó que es importante asegurar la elección de autoridades de control libre e independiente para luchar contra la corrupción y que para ello es importante no caer en los errores del pasado, añadió.
De su parte, Sofía Almeida, miembro del Consejo, sostuvo que ejercer la democracia participativa es una garantía contemplada en la Constitución. Pidió más empoderamiento ciudadano para denunciar actos de corrupción. “Si mayor participación ciudadana habría más actos de corrupción se develarían”, expresó. En otro aspecto indicó que respetará la voluntad popular si se pronuncia a favor de la eliminación del Consejo.
Acto seguido, el vocal Juan Javier Dávalos, mencionó que eliminar al Consejo no es el camino para mejorar los mecanismos de selección de autoridades de control. Cuestionó que se pretenda realizar una consulta popular que responde a intereses particulares de un grupo. Informó que enviará una lista a la Comisión de organizaciones sociales y juristas para que aporten con diversos enfoques sobre la importancia de mantener a dicha institución.
Al finalizar las intervenciones de los consejeros, retomó la palabra Christian Cruz, quien dijo que la institución es independiente, apartidista y su accionar está apegado a la ley, la transparencia y la honestidad.
De su parte, los asambleístas Héctor Muñoz y Wilma Andrade se pronunciaron a favor de que se elimine el Consejo de Participación. Andrade apuntó que en años anteriores la participación ciudadana fue burocratizada y manipulada. Mientras que la presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas, mencionó que las exposiciones de los miembros del Consejo servirán de guía para adoptar decisiones adecuadas y ponerlas en conocimiento del Pleno de la Asamblea.
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