La Comisión de Régimen Económico tratará el proyecto de reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, que está orientado a regular la devolución de recursos por concepto del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y Descentralizado, sus órganos descentralizados y sus empresas públicas, las Universidades y Escuelas Politécnicas por parte del Gobierno Central, para que sean retenidos por estas instituciones en sus cuentas evitando innecesarios y engorrosos trámites.
El asambleísta Henry Kronfle, autor de la propuesta legal, en los considerandos precisa la necesidad de establecer mecanismos ágiles en atención al principio de simplicidad administrativa y eficiencia, evitando así que el presupuesto de estas instituciones se vea afectado; así también la falta de pago o gestión de otras y servicios a los ciudadanos.
Señala que actualmente existen disposiciones legales que traban y retrasan la devolución del IVA, lo cual lesiona su autonomía administrativa y financiera consagrada en la Constitución.
Así mismo, por disposición del asambleísta Franco Romero, encargado de la Comisión de Régimen Económico, los comisionados avanzarán en el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Son ocho proyectos que se unifican para su estudio.
Las propuestas están orientadas a establecer un severo control a la contratación de régimen especial. Se plantea un informe previo, situación de emergencia, registro único de proveedores y registro único de contratantes como parámetros a observarse para dar paso a la contratación especial.
Los parlamentarios, durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, enfatizaron la necesidad de recuperar la esencia de lo que es la contratación en régimen especial para evitar el abuso de este procedimiento, a fin de enfrentar la corrupción, así como mejorar las herramientas informáticas para fiscalizar las actuaciones de las entidades contratantes. Dijeron que es necesario establecer que las emergencias no pueden atribuirse para resolver las necesidades institucionales.
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