Con las autoridades del Consejo de Educación Superior (CES) y de la Judicatura, la Comisión de Justicia, en la sesión 096, profundizó el análisis de las atribuciones de la Escuela Judicial y la propuesta de que pueda ofertar títulos de cuarto nivel, en el contexto de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
En este sentido, Catalina Vélez, presidenta del CES, expuso que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes), determinan la exclusiva competencia de emitir títulos de cuarto nivel y programas de posgrado a las universidades, escuelas politécnicas, intitutos superiores técnicos y tecnológicos, y los conservatorios, legalmente reconocidos.
En todo caso, abrió la posibilidad de definir un mecanismo de alianza estratégica, vía convenio, con universidades para dictar cursos de especialización con la participación de profesores de los centros superiores y docentes que son parte de la Judicatura.
Mientras, Pablo Sarzosa, director de la Escuela de la Función Judicial, dijo que es necesario mantener el actual régimen jurídico de la entidad y que los programas de especialización se coordinen con universidadades nacionales e internaciones, en base de mallas curriculares definidas por la propia Escuela.
La asambleísta Ximena Peña, presidenta de la comisión, anunció la reinstalación de mesas técnicas con la Judicatura, Defensoría Pública y Fiscalía, a fin de lograr consensos sobre la estructura de la Escuela Judicial.
Justicia abierta
Posteriormente, en la sesión 098, el organismo se enfocó en el tema del modelo de justicia abierta.
Alonso Cerdán y Daniel Barragán, de la Organización de Gobierno Abierto (OGP), destacaron el ejemplo de Colombia, donde se creó una aplicación para el teléfono movil que da acceso a la información clara y actualizada sobre servicios de justicia, mismo que tiene actualmente cuatro millones de usuarios.
De igual manera, hay buenos ejemplos en Perú y Canadá, sostuvieron, al enfatizar que esto permite acercar la administración de justicia al ciudadano, recuperar su confianza, transparencia en la gestión, colaboración y rendición de cuentas.
Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, llamó a avanzar hacia un Estado Abierto, que involucre a todos los niveles de gobierno, al precisar que el Ejecutivo y el Legislativo han dado pasos signficativos hacia un Gobierno y Parlamento abiertos. Lamentablemente como sociedad civil hemos tenido que trabajar en una justicia abierta ante la falta de voluntad política de las autoridades del sector, expresó.
Comentó que aterrizar el principio de Gobierno Abierto en el Poder Judicial significa brindar una justicia más accecible, efectiva, transparente, abierta, más cercana a la gente y sus necesidades actuales. Sugiró la revisión de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que algunas disposiciones no guardan armonía con la Norma Constitucional.
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