Los decretos ejecutivos para el cierre y la restructuración de las empresas públicas, como medida para enfrentar la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, originó incertidumbre en los trabajadores, sobre todo, en los grupos vulnerables. La Comisión Laboral, que preside Karina Arteaga Muñoz, junto a afectados y directivos de las entidades, analizó los procesos de cierre. Actuará de manera inmediata para el necesario cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
En representación de los trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador, Marcelo Tapia, pidió la intervención del ente legislativo, para que no se vulneren los derechos de los funcionarios de las empresas públicas que están en proceso de liquidación. A su criterio, el Decreto Ejecutivo que dispone la liquidación de la empresa, es inconstitucional, por lo que presentaron una demanda ante la Corte Constitucional. Dijo que lucharán hasta las últimas consecuencias y exigirán de forma pacífica el pronunciamiento a su favor.
De Ecuador Estratégico, el gerente subrogante, Jorge Ortiz, aseguró que están garantizado los derechos de los servidores que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Señaló que todos registran una vigencia contractual hasta el 31 de diciembre de 2020 y subrayó que pese a la fase de optimización ejecutada, han decidido no ejecutar desvinculaciones del personal del grupo prioritario durante la transición de la empresa, mientras no se establezcan las alternativas, procedimientos y rubros a considerar para el efecto.
Además, que están haciendo los acercamientos necesarios con el Ministerio de Transporte para que estas personas sean ubicadas en dicha entidad; y, con la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) para tener los direccionamientos necesarios y actuar respecto de los grupos prioritarios.
El gerente de Flopec, Jaime de Jesús Condoy, sostuvo que la empresa reconocerá y pagará todos los derechos pendientes y la bonificación e indemnización que según el caso les corresponde a los servidores desvinculados. Informó que fueron separados 35 servidores públicos, 15 de ellos, con contrato ocasional y 20 de nombramiento. Además, reconoció que se cometió un error con tres servidoras en período de lactancia y una persona con enfermedad catastrófica; al detectarlo, se dejó sin efecto.
Según la asambleísta Rina Campain, de los 35 servidores despedidos de Flopec, el 63 % son de Esmeraldas y 18 personas con nombramiento permanente, pese a lo cual se mantiene personal con contrato ocasional, con sueldos altos y bono de residencia.
Contrato colectivo
El secretario general del Sindicato del Comité Trabajadores de la Empresa de Explosivos, (Explocen), Freddy Caiza, reseñó la situación de los trabajadores y la negociación del contrato colectivo. Tras solicitar ayuda ante vulneración de derechos, afirmó que la planta de Explocen se encuentra en custodia policial y los dirigentes son vigilados.
Sobre este hecho, Angélica Porras, su representante legal, aseguró que el Ministerio de Trabajo no brinda garantías para la huelga. Dijo que durante ocho años han planteado el contrato colectivo, pero hasta la fecha no se los atiende, a su vez invitó a los asambleístas a verificar la situación en que se desarrolla la huelga de los trabajadores. De igual forma, Juan Carlos Robalino, vocal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuestionó el envío de personal militar a las instalaciones de Explocen.
Marcela Holguín dijo que ante el conflicto de los trabajadores, requirió información a las autoridades competentes, pero no dan respuestas. Reiteró que hay vulneración de los derechos desde hace mucho tiempo. Vicente Taiano propuso conformar una subcomisión de tres legisladores para que en el plazo de una semana tener un informe sobre la situación de estos trabajadores.
Medios públicos
En otra comparecencia, Edison Toro, de la Empresa de Medios Públicos, enfatizó que se respetarán los derechos de los trabajadores y reconocerán las indemnizaciones a las que tienen derecho por ley. Informó que los 60 días de plazo para la preliquidación se cumplirán el fin de semana, período en el que se hizo un diagnóstico de la situación de activos y pasivos para preparar la liquidación de la empresa.
Explicó que tienen un total de 618 trabajadores y para la desvinculación habrá dos fases. Admitió que 152 funcionarios que fueron desvinculados desde 2007 aún no han recibido sus liquidaciones.
Resolución
Tras la moción del asambleísta Vicente Taiano, la Comisión resolvió solicitar a la Empresa Pública Flopec remita la documentación referente a la ejecución presupuestaria de personal sobre las desvinculaciones hechas, desde enero de 2020 hasta la presente fecha, y se envíe dicha información para el control por parte de la Contraloría General del Estado.
Además, conformará una Subcomisión a fin de verificar in situ la situación laboral de los trabajadores de Flopec y Explocen C.A. y en un plazo máximo de dos semanas, se remita a la Comisión, el respectivo informe; e, insistirá en la comparecencia de los titulares de las empresas Ferrocarriles del Ecuador; Tame; Siembra; Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento; Correos del Ecuador; y, Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA).
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