Los aportes al proyecto de Ley de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, en esta ocasión, llegaron de la mano de Gabriela Peñaherrera, directora del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Mario Bravo de la Asociación de Recicladores y Karina Jaramillo, delegada de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
Peñaherrera señaló que, en 2019, Ecuador empieza la adopción de la norma AFNOR XP X30-901 de Economía Circular dictada por la ISO (International Organization for Standardization) y en febrero de 2020 se realiza la publicación en el registro oficial de dicha norma técnica.
Esta normativa sostiene que la Economía Circular es el sistema económico de intercambio y producción que en todas las etapas del ciclo de vida de los productos busca aumentar la eficacia de la utilización de los recursos y disminuir el impacto en el medio ambiente permitiendo el bienestar de los individuos, en el cual el valor de los productos, materiales y recursos se mantienen en la economía el mayor tiempo posible y la producción de desechos es reducida al mínimo.
Al mismo tiempo señaló que Organización de Normalización Internacional creó un Comité de Economía Circular, del cual Ecuador forma parte desde 2019, este se basa en siete principios: abastecimiento sostenible, ecodiseño, simbiosis industrial, economía de la funcionalidad, consumo responsable, extensión de la vida útil y gestión eficaz de los materiales o productos al final de su vida útil.
La funcionaria del INEN sugirió que en el proyecto de ley se incluyan las definiciones de sistema de gestión, desarrollo sostenible, ciclo de vida y economía circular.
Tras su intervención participó el presidente Ejecutivo de la Empresa de Recicladores y Protectores Ambientales, Mario Bravo, quien sostuvo que esta normativa debería ser incorporada como un capítulo del Código Orgánico de Ambiente, cuya sección debería contener principios rectores y objetivos para las empresas.
Mencionó, además, que gran parte de lo que se encuentra plasmado en el proyecto ya está regulado en el Código Orgánico de Ambiente, ordenanzas municipales y acuerdos ministeriales.
En lo que respecta al reciclaje inclusivo sostuvo que para que sea considerado como tal se debe reconocer toda la estructura del sistema de reciclaje que existe en Ecuador desde hace más de 50 años, en el que intervienen: recicladores de base, emprendedores que tienen sus centros de acopio, así como también las medianas empresas que, en conjunto, trabajan para proveer de materia prima reciclada a la industria nacional.
Señaló que la mejor forma de beneficiar al reciclaje y, en consecuencia, a los recicladores de base, desde su punto de vista es realizar un levantamiento de información de toda la cadena de valor del reciclaje; capacitarla en busca de un mejoramiento y calidad de vida y acceso a créditos flexibles, entre otros puntos.
De su parte, Karina Jaramillo, delegada de la Asociación de Municipalidades del Ecuador sostuvo que pasarán por escrito 27 observaciones a los dos proyectos de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo.
A la vez manifestó que la normativa de Economía Circular debe ser desarrollada a la luz del régimen de competencias y con la participación de los niveles de gobierno.
Dijo, además, que si bien funciona la legislación comparada especialmente en el proyecto de Economía Circular, la terminología que se emplea se debe adaptar al régimen jurídico ecuatoriano. Agregó que se debería revisar las definiciones, en ambos proyectos, debido a que se confunden principios y derechos con conceptos que ya están contenidos en normas técnicas.
SV/cz
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