El Decreto Ejecutivo 1094, emitido el 10 de julio de 2020, que autoriza la iniciativa privada de la gestión conjunta de la Refinería de Esmeraldas con la empresa pública de hidrocarburos Petroecuador fue motivo de intenso análisis en el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
En este conversatorio participaron más de 100 actores sociales, representantes de los obreros de la planta, de la Refinería La Libertad, del Ministerio de Energía, Petroecuador, expertos y constitucionalistas, entre otros. Alrededor de 250 personas interactuaron en uso de medios digitales.
La asambleísta Liliana Durán, presidenta de la mesa, aseguró que el Decreto 1094, firmado por el presidente Lenín Moreno, abre el espacio a la privatización de los sectores estratégicos del Estado, empezando por la Refinería de Esmeraldas. Con esa opinión coincidió Augusto Tandazo, experto en materia petrolera y constitucionalista, quien sostuvo que ese tipo de delegación o gestionamiento conjunto no existe en la normativa ecuatoriana, al alertar que se quiere privatizar toda el área de refinación.
Durán comentó que el país enfrenta la peor crisis política, económica y de salud, de los últimos tiempos, mientras el Gobierno solo piensa en privatizar bienes públicos. Aquí estamos para fiscalizar y exigir que los funcionarios rindan cuentas de sus actos, en defensa del patrimonio nacional, enfatizó.
Voz de trabajadores
La preocupación es la situación de los activos y patrimonio nacional respecto al futuro de todas las empresas públicas, su personal y el servicio que estos prestan, mas aún cuando hemos visto una cadena de despidos, expresaron Patricio Quintero y Manny Castillo, representantes de los trabajadores de la Refinería de Esmeraldas.
Destacaron que la planta es el principal centro refinador y mayor complejo industrial, conocido como un emblema productivo de la patria, por lo que lamentaron comentarios de ciertas autoridades en contra del producto, equipos y de los trabajadores, a la vez de exigir estabilidad laboral.
En tanto, Guillermo Neira, de la Refinería de Libertad, Santa Elena, precisó que en este tipo de decisiones se deja de lado el sentir de trabajadores. Defenderemos la eficiente acción de las instituciones, subrayó y anunció posibles medidas de hecho.
No se trata de privatización
El ministro de Energía, René Ortiz, respondió que esta modalidad de transferencia a la iniciativa privada de la administración y operación no es una privatización, pues aquí el patrimonio queda intacto en manos del Estado, a través de Petroecuador.
El Decreto 1094 se fundamenta en los artículos 316 de la Constitución y 100 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión, el cual autoriza de forma excepcional la delegación para contratar con una empresa privada internacional la inversión a su cuenta y riesgo, con el propósito de mejorar el accionar del proyecto, de manera conjunta con la refinería de Esmeraldas, sin que el país ponga un solo centavo.
Osvaldo Sáenz y Gonzalo Lascano, del Ministerio de Finanzas, expusieron los términos de la expresión técnica que formularon desde esta entidad, para la implementación del Decreto, bajo las premisas de que el sector privado luego de un concurso internacional transparente se hará cargo de la administración, operación, mantenimiento de la refinería, el Estado no tiene que invertir ni un solo dólar, toda la inversión de aproximadamente mil millones de dólares está bajo responsabilidad del consorcio ganador. La tarifa que reciba el consorcio ganador por concepto de operación de la refinería no podrá exceder el costo operativo registrado actualmente por Petroecuador.
MG/cz
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