Con el fin de recibir aportes para la construcción del informe para segundo debate de la Ley de Educación Intercultural (LOEI), la Comisión de Educación lleva adelante talleres de trabajo en el que participan actores de organizaciones, docentes y miembros de la sociedad civil. En esta ocasión la mesa legislativa analizó el tema “Derecho a la Seguridad Social de los Educadores Populares y Comunitarios”.
La charla se inició con la ponencia de Esperanza Andrango, coordinadora Nacional de Educadores Comunitarios, sostuvo que los docentes ya no pueden esperar más para que se cancelen los haberes de títulos de crédito que tienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sostuvo que el catastro levantado por parte del Ministerio de Educación sobre maestros comunitarios no estuvo bien elaborado.
Aracely Puetate, representante de la Federación de Educadores Populares, hizo un recuento de su lucha para alcanzar los derechos a la Seguridad Social, sin embargo, dijo que a pesar de que han dejado su vida en las labores diarias, la justicia aún no llega. Señaló que en los catastros elaborados por el Ministerio de Educación no constan los educadores populares. Indicó que muchos compañeros han fallecido sin recibir lo que por derecho les correspondía.
De su parte, la asambleísta Silvia Salgado indicó que para el próximo miércoles está previsto presentar a la Comisión el informe respecto al tema. Lo que se busca con la transitoria planteada es hacer justicia y que sea mandatoria para que se cumplan los derechos de los docentes.
Transitoria
La disposición transitoria presentada por la UNE, la Coordinación de Educadores Comunitarios y el asambleísta Raúl Tello, en la parte central estipula: que dentro de los sesenta días, plazo contados a partir de la promulgación de la presente Ley, el IESS conforme sus atribuciones legales impulse las acciones de cobro de las glosas y títulos de crédito que contiene obligaciones de aportes y fondos de reserva, emitidos en contra del Ministerio de Educación correspondiente a 13 provincias por no afiliar a educadores comunitarios o populares, de acuerdo con los detalles que constan en los oficios No. 13111700-362 y No. 13111700 R-9440, expedidos por el Departamento de Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial de Pichincha del IESS.
Para dicho cumplimiento, el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas realizarán los ajustes y traspasos presupuestarios correspondientes, en el mismo plazo señalado.
La transitoria, entre otros puntos, señala que en caso que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía incurrieren en mora del pago de aportes, fondos de reserva y más descuentos al IESS, conforme lo establece el artículo 90 de la Ley de Seguridad Social, el Contralor General, a solicitud del IESS, ordenará el bloqueo de fondos y la inmediata retención y entrega al Instituto de una cantidad igual al monto de la liquidación que, conjuntamente con la solicitud, presentará este.
Se señala que esta medida no impedirá el derecho del IESS a perseguir el cobro de lo adeudado mediante la acción coactiva. Las acciones que quedan indicadas solamente se interrumpirán si tales entidades suscribieren convenios de purga de mora patronal, debidamente garantizados.
Intervenciones
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, dijo que se ratifican en los 60 días de plazo, y en las 13 provincias, porque allí pertenecen las glosas y títulos de crédito de los docentes. Se debe hacer justicia con los docentes que dieron todo de sí para educar a los sectores populares, expresó.
De su parte, Carlos Bustamante, propuso que la transitoria reúna las condiciones necesarias para que sus derechos se hagan realidad. Mientras que Amira Cedeño, docente, indicó que la Federación de Educadores Populares respalda la propuesta, sin embargo, expresó que se debería establecer de manera clara cómo se utilizarán los 60 días de plazo, exigimos un derecho que está contemplado en la Constitución y las leyes.
Juan Carlos Bustamante, representante de la Red de Maestros, indicó que sería factible que en septiembre ya se genere el segundo debate de reformas a la LOEI. “En noviembre ya podríamos tener una nueva normativa, queremos comprometer a los asambleístas de la Comisión para que apoyen a los más de 12 mil educadores populares”, agregó. Otras intervenciones giraron en torno al apoyo de la transitoria, anteriormente expuesta.
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