La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Ximena Peña Pacheco, avanzó este viernes, 24 de julio, en el análisis de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, previo al informe para segundo debate. En esta oportunidad revisaron un primer bloque, hasta el artículo 120 y el artículo 300, relacionado con el nombramiento y funciones de los notarios.
En este marco, los miembros de la mesa estudiaron temas relacionados con las reglas de los concursos de méritos y oposición para la selección de servidores judiciales, la asignación de puntajes, tanto para los méritos, cuanto para las pruebas de conocimientos y la prohibición de asignar puntaje a la entrevista personal, considerando que esta parte del proceso es absolutamente subjetiva.
También, se analizaron las medidas de acción afirmativa que se aplican a estos procesos y el máximo de puntaje que se puede alcanzar por esta vía. Otras disposiciones analizadas fue la que se refiere a la designación, aceptación y posesión de los servidores del sector justicia, que incluye asimilar la falta de aceptación del funcionario nombrado a la figura de negativa tácita, con lo cual perdería el derecho a posesionarse y daría paso a que el siguiente mejor puntuado asuma el cargo.
Así mismo, debatieron los artículos relacionados con la Escuela de la Función Legislativa, su conformación, los integrantes del Consejo Directivo de esta instancia de capacitación y especialización de los operadores de justicia, así como la valoración que se dará a los procesos de capacitación desarrollados en esta Escuela, dentro de los concursos de méritos.
Más adelante, los legisladores analizaron el capítulo relacionado con la evaluación de los funcionarios, incluidos los jueces. En este caso, dentro de los parámetros de evaluación, se recomendó que se determinen elementos objetivos de esta, por ejemplo, para los jueces, la calidad de las sentencias, sin entrar en el fondo del pronunciamiento, que se establezca si el juez cumplió con la estructura básica de una sentencia, es decir, si en ella cita la ley, la doctrina, la jurisprudencia, como parte del razonamiento para la toma de una determinación en su fallo.
Varios asambleístas expresaron su preocupación por los procesos de evaluación, sobre todo en lo que atañe a las sentencias, por cuanto podría haber una discrecionalidad para que el evaluador juzgue si se cumplen o no los parámetros de calidad de un pronunciamiento y podría, inclusive, constituir un mecanismo de presión para los administradores de justicia.
Se retoma la vancancia judicial y se establecen períodos distintos de vacaciones para los funcionarios que, por la materia específica, como el caso de lo penal, no se acogen a la denominada vacancia. El Consejo de la Judicatura consideró que se debe volver a esta práctica para evitar el estancamiento de procesos, pues en la actualidad los jueces toman vacaciones en una fecha, secretarios en otra y personal de despacho, en otra, lo que entorpece la marcha adecuada de los juicios.
Para el texto del informe para segundo debate, el organismo hará algunos ajustes de carácter técnico y de redacción, a fin de que los artículos sean lo suficientemente claros y evitar que en su aplicación se den interpretaciones erróneas.
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