El Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social se reunió esta mañana para conocer la situación de exempleados de empresas públicas y privadas, quienes han sido separados de sus puestos de trabajo, a propósito de la pandemia del Covid-19. Los comparecientes denunciaron atropellos y violación a sus derechos laborales, ellos piden indemnizaciones justas tras sus despidos.
Oswaldo Lituma, representante de exempleados de empresas privadas, agradeció a la Asamblea por defender los derechos de los trabajadores y aprobar, en la Ley de Apoyo Humanitario, la interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, sin embargo, dijo que antes de la publicación de la norma muchos empleadores se aprovecharon para despedir de forma intempestiva y argumentando casos de fuerza mayor.
Pidió que el Ministerio de Trabajo realice a cabalidad las inspecciones necesarias para que constate que en muchos casos las empresas que adujeron cierre por fuerza mayor aún siguen operativas. Indicó también que se desvinculó de sus trabajos a personas de grupos vulnerables. Lo que solicitan es que las liquidaciones estén apegadas a la ley.
Daniel Aguas, representante de los trabajadores Servicio de Contratación de Obras (Secob), indicó que se han dejado a cientos de familias sin un ingreso mensual, tras la eliminación de puestos de trabajo en el sector público. Mencionó que es necesario tener certezas de qué pasará con los empleados de la institución, porque ya solo es cuestión de días para que estas entidades cierren.
Cuestionó la inasistencia del Ministerio de Trabajo ante el Grupo Parlamentario: “Están en sus puestos para responder por lo que hacen, hoy los trabajadores estamos muy perjudicados y el Gobierno no nos da soluciones, ni respuestas”, aseveró.
De su lado, Angélica Porras, asesora jurídica de los trabajadores de la empresa Explocen, señaló que los empleados han sufrido atropellos en sus derechos laborales. Comentó que se han despedido a trabajadores “con cero” indemnizaciones, aplicando el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Mencionó que hay negligencia por parte del Ministerio de Trabajo en atender estas demandas.
Indicó también que la fábrica se encuentra militarizada y, además, con seguridad privada, sin embargo, el Inspector de Trabajo no da una respuesta por dicha medida. Los trabajadores han hecho una huelga pacífica para demandar sus derechos, pero las entidades responsables de llegar a consensos no lo hacen.
Mientras tanto, José Tipantuña, representante del Seguro Social Campesino, se ratificó en la denuncia sobre el abuso y violación de derechos de los trabajadores por los despidos masivos, indicó que eso afecta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con ello, al Seguro Social Campesino, porque bajarán los aportes de aproximadamente 536 mil empleados que fueron desvinculados de sus cargos.
Puntualizó que el Seguro Social Campesino desea conocer de manera urgente cuánto le debe el Estado al IESS; además, que se realice una reforma a la Ley de Seguridad Social, que defina con claridad a los miembros del directorio de la institución en el que deberán constar representantes del Ejecutivo, empleadores, trabajadores, jubilados, Seguro Social Campesino y sindicatos.
IESS
Patricio Camino, subdirector General del IESS, indicó que hasta el momento la institución a la que representa ha generado 274 mil desafiliaciones y no más de 500 mil como lo sostuvo el representante del Seguro Social Campesino. Sin embargo, indicó que se establecen estrategias para solventar esa baja de ingresos. Dijo, también que pese a esa reducción de aportes las pensiones jubilares se han pagado de forma puntual.
Señaló que gracias a la Ley de Apoyo Humanitario se amplió la cobertura en salud para las personas cesantes, de 60 días a 120 días, además, hay facilidades de pago para los empleadores que no pudieron cubrir con las obligaciones a la Seguridad Social por efectos de la pandemia, recalcó que no se generarán intereses, multas ni recargos. Así mismo, resaltó que la normativa permite que las personas desempleadas accedan más pronto al seguro de desempleo, antes era de 60 días, ahora se rebajó a 10, señaló.
Así mismo señaló que hay un compromiso del pago del aporte del 40 % por parte del Gobierno al IESS, en las próximas semanas. No se ha cancelado este monto desde octubre de 2019, indicó.
Defensoría del Pueblo
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, indicó que la Ley Humanitaria contempla una regresión en los derechos de los trabajadores y la precarización laboral. Mencionó que la institución presentó, el pasado 1 de julio, a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de los artículos 16 al 24 y de la disposición reformatoria primera y segunda. Sostuvo que el acuerdo entre las partes trae desventajas para los trabajadores y que con el contrato emergente habrá mayor explotación laboral.
Así mismo comentó que se han presentado acciones de protección por las denuncias de trabajadores de grupos vulnerables que han sido separados de sus labores, señaló que la obligación del Gobierno y Estado es reubicarlos en otras instituciones públicas. Cuestionó también que el Ministerio de Finanzas no cancele los salarios al sector público.
De su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario, Liliana Durán, sostuvo que la Ley aprobada atenta contra los derechos de los trabajadores y garantizó a los exempleados el apoyo del Grupo para velar por el cumplimiento de sus derechos, a este criterio se sumaron las parlamentarias Amapola Naranjo y Silvia Salgado.
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