Dirigentes de gremios y asociaciones de las instituciones de educación particular hicieron reparos a la posibilidad de revisar las tablas salariales de los docentes del sector y homologarlas a nivel de lo público, lo que llevaría al colapso y cierre de escuelas y colegios, más aún cuando tienen una significativa cartera vencida.
Es más, hay un marco jurídico que legaliza la mora, el incumplimiento de obligaciones y hasta la irresponsabilidad de ciertos padres que pudiendo pagar se acogen a la Ley de Apoyo Humanitario, mientras los establecimientos particulares tienen que garantizar el servicio sin interrupción, a pesar de la grave crisis que viven, enfatizaron.
Estos comentarios y preocupaciones las hicieron en la Comisión de Educación, durante el taller “Sectorial para docentes de instituciones educativas particulares”, en el que se analizó también su situación en el contexto de la pandemia. Este encuentro se produjo en el marco de la definición del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Discutir a fondo la problemática
El legislador Marcelo Simbaña, encargado de la temática, dijo que es importante conocer, a profundidad, la problemática de los centros de educación infantil, media y bachillerato, para encontrar soluciones consensuadas, acorde a la realidad de cada uno. Aclaró que no se ha establecido ningún texto respecto de la posibilidad de equiparar el sectorial de docentes del sector público con el privado.
Situación grave
Rómulo López, de la Confederación de Establecimientos Católicos del Ecuador, argumentó que las entidades funcionan en base del aporte de padres de familia, los que en muchos casos han perdido sus empleos y han visto reducidos sus sueldos. Tenemos una crisis financiera grave. Sin embargo, el Ministerio emite decretos que generan mayor temor y confusión, añadió.
Vinicio Aldaz, de la Corporación para la Calidad de la Educación Particular, precisó que cuentan con normativas y disposiciones que les hiperregula, lo que perjudica la planificación. Si se aplica 25 % de descuento de pensiones, más la cartera vencida de 20 % y 5 % de becas, esto impide el funcionamiento normal de un plantel, alertó.
Buscamos la autonomía en el quehacer de las entidades particulares, que incluso tienen 80 años de trayectoria. El Gobierno adeuda hasta dos meses a los maestros, mientras los particulares cumplimos con los ofrecimientos, aunque sea accediendo a préstamos en el sistema financiero, por lo sería delicado e inoportuno hablar del tema escalas salariales, subrayó.
Entre tanto, Fernando Gansino, de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica, explicó que no se oponen a pagar, sino que no existen recursos para hacerlo, dado que el presupuesto para el período 2020 -2021 acarrea solo deudas, pues entre el 30 y 40 % han visto disminuidos sus recursos solo en los meses de la pandemia. A este sentir se sumó Karen Mejía, de la misma federación, quien mencionó que el sector educativo ya tiene una tabla sectorial, que acoge la diversidad, desde las grandes y pequeñas ciudades.
Albalina Núñez, de la Corporación de Centros Privados del Ecuador, comentó que los centros infantiles están en el orden de 2466 a nivel nacional, que ofrecen trabajo a 20 591 personas, siendo mujeres el 96 % de la fuerza laboral y atienden a 100 mil niños.
La pandemia les afectó duramente y si bien se adaptaron a la modalidad virtual, intentando cumplir con el currículo del Ministerio, esta modalidad no es la adecuada para los niños en esta etapa de sus vidas, ya que necesitan la exploración, experimentación, palpar, socializar. Sugirió fijar esquemas de contratación más flexibles por horas, por servicios profesionales.
Sandra Naranjo, del Ministerio de Trabajo, indicó que la institución emitió el Acuerdo 395, en 2019, que establece las escalas y los mínimos sectoriales, perteneciendo el 20 al área de educación. En tal sentido, manifestó que cualquier modificación del cálculo debe considerar la afectación que podría conllevar.
Guillermo Oñate, rector del Colegio San Gabriel; Ricardo Orellana, de la Confedec; y Galo Zamora, experto en educación particular de Imbabura, insistieron que no es el momento oportuno para reformas que generarían graves implicaciones económicas para financiar la educación.
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