La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió, en comisión general, a representantes de organizaciones de servidores públicos; docentes; y, a la Federación Deportiva de Pastaza, quienes dieron a conocer el recorte en sus salarios y el retraso en los pagos.
Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, recalcó que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno no afectan los intereses del capital, sino a los derechos de la clase trabajadora. Hizo hincapié en que los servidores públicos no pueden asumir el costo económico que ha dejado la pandemia.
Dejó ver su inconformidad por la reducción del 16.66 % en los salarios y el pago con retraso. Por ello, dijo, se planteará una acción de protección ya que la rebaja es inconstitucional. “No estamos de acuerdo con despidos, recortes ni que nos paguen con meses de retraso”, acotó.
De su parte, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) informó que se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por el recorte del 8.33 % de sus salarios, ya que constituye una violación a los derechos consagrados en la Constitución. Puntualizó que la ministra de Educación, Monserrat Creamer, indicó que con esta reducción salarial se evitarían despidos, sin embargo, miles de maestros han sido desvinculados.
Solicitó que la Asamblea exhorte al presidente de la República, Lenín Moreno, y al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para que no haya retrasos en el pago mensual de los salarios, pues los docentes también están en primera línea.
Mientras que Juan Borja, secretario de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, sostuvo que el recorte presupuestario afectó gravemente a los docentes contratados, pues muchos perdieron su empleo. Así también, dijo que los maestros que se quedaron debieron asumir la carga, produciéndose así una precarización laboral. A esto se suma el retraso en el pago de los salarios por cerca de 60 días.
Finalmente, Verónica Georgis Cueva, representante de la Federación Deportiva de Pastaza sostuvo que llevan tres meses impagos, esto se ahonda más en época de crisis. Indicó que han debido acudir a préstamos para cubrir necesidades básicas, alimentación, vivienda y salud.
Una vez concluidas las intervenciones, el titular de la Comisión Raúl Tello, indicó que la Comisión emitirá una resolución, la cual recogerá los pedidos de los comparecientes. Recalcó que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir con los servidores públicos y el pago de sus haberes en el tiempo adecuado.
También planteó hacer un exhorto a la Corte Constitucional para que dé trámite a las acciones interpuestas por los trabajadores quienes han argumentado vulneración de derechos laborales durante la etapa de la pandemia.
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