Juristas dan criterios técnicos sobre carnés de discapacidad

Viernes, 31 de julio del 2020 - 19:56 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
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La Comisión del Derecho a la Salud desarrolló una nueva jornada de fiscalización de la supuesta entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, tras varios casos de importación irregular de vehículos de alta gama, exonerados de impuestos y aranceles, por parte de personas que obtuvieron el documento pese a no tener condición de vulnerabilidad.

La tarde de este viernes 31 de julio, los comisionados recibieron los criterios técnicos de destacados juristas especializados en varias ramas del derecho, a fin de conocer los tipos penales para determinar a los presuntos responsables de la entrega irregular de carnés de discapacidad.

Ana María Ontaneda Rubio, especialista en litigación penal, subrayó que en el tipo de conducta de aquellos profesionales que emitieron los certificados médicos con contenidos falsos, lo que se podría obtener, a través de un procesamiento, es una sanción con multa de cinco a diez salarios básicos unificados del trabajador en general.

También dijo se puede recurrir al artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a aquella persona que falsifique, destruya, adultere, modificando el texto o el sentido de los documentos públicos, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Además, que el uso del documento falso implica el cometimiento de otras infracciones como defraudación tributaria, que es sancionada por el COIP con pena de 1a 3 años de privación de libertad.

Hizo énfasis en diferenciar dos tipos de conducta que determinan el delito de falsificación de documentos. Por un lado, la falsedad material, es decir cuando se crea un documento desde cero, tanto del soporte como del contenido. Por otro, la falsedad ideológica que, a pesar de que sea el documento emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, contenga declaraciones falsas. Es decir cuando se haya declarado una discapacidad que no existe en realidad, una discapacidad sobrevalorada, una discapacidad que jamás podrá ser acreditada.

De su lado, Nelson López Jácome, máster en Derecho Administrativo, habló del régimen administrativo y disciplinario, así como de las sanciones a los funcionarios que participaron en el procedimiento fraudulento de la emisión del carnet de discapacidad.

En el caso del Ministerio de Salud Pública explicó, se encuentra el servidor que participó en el proceso; aquel que no participó en el proceso pero que se benefició de la importación de vehículos; y, la autoridad que no toma acciones disciplinarias, quienes tendrían responsabilidades por una infracción que llevaría a sanciones. Así, pueden ser, de orden administrativo que iría desde una amonestación verbal hasta la destitución, la responsabilidad civil que se plasma en una glosa, sanciones disciplinarias, e indicios de responsabilidad penal.

A criterio de López, el Ministro de Salud puede declarar la lesividad de los actos administrativos mediante los cuales se otorgaron los carnes de discapacidad de manera irregular. La normativa legal le faculta declarar la nulidad de los carnés, puntualizó.

En el proceso de comprobación del documento, entregado de manera fraudulenta, se deben considerar dos circunstancias: la una, en donde el servidor público permitió incrementar el porcentaje para que se beneficien de los programas de discapacidad; y, la otra, haber otorgado un carné a una persona que no tenía ningún tipo de discapacidad.

La veedora Gladys Montaluisa expresó que el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), debió actuar como filtro para que se cumplan los deberes, derechos y se apliquen las políticas en favor de las personas con discapacidad y evitar que se cometan irregularidades en la entrega de los carnés.

De su lado, la asambleísta Elizabeth Cabezas afirmó que si las acciones administrativas caducan en tres años por acción u omisión, se necesita la acción penal a través de la justicia. Manifestó que no es suficiente la destitución de los responsables de la emisión fraudulenta de los carnés de discapacidad.

Por último, José Vásconez Álvarez, máster en Derecho con Mención en Estudios Judiciales, compartió su enfoque técnico, sobre la falsificación ideológica de documento público, alteración de registros y bases de datos, y demás delitos informáticos. Sostuvo que existe responsabilidad política y administrativa en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad y pidió tener cuidado para no perjudicar a las personas con discapacidad.

Manifestó que el Ministerio de Salud es el responsable de llevar el registro de personas con discapacidad y las condiciones discapacitantes, en cuyo proceso existe negligencia, y por ello se debe determinar quiénes son los responsables de estas acciones.

Afirmó que la autoridad de salud tiene capacidad para disponer una auditoría interna, en torno al procedimiento de calificación y recalificación de personas con discapacidad y los resultados podrán derivar en la nulidad del proceso administrativo.

Tras cuestionar qué pasa con los médicos que faltan a la verdad para emitir las certificaciones que permiten obtener el carné de manera fraudulenta, afirmó que el proceso legal determinará el cometimiento de la infracción y la responsabilidad penal de los funcionarios.

RSA/cz

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COMISIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. ECUADOR, 31 DE JULIO DEL 2020

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