Relaciones Internacionales conoció afectación a ecuatorianos por el cierre de Consulados honorarios en Bolivia

Viernes, 31 de julio del 2020 - 20:19 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en la sesión 080, efectuada la tarde de este viernes 31 de julio, conoció la situación de ecuatorianos residentes en Bolivia, a efecto del cese de funciones de los dos Cónsules Ad Honorem en Santa Cruz de la Sierra y en Sucre. En la mesa comparecieron los funcionarios diplomáticos, de la Cancillería y representantes de residentes ecuatorianos en Bolivia.

Intervino Wilson Andrade Guerra, cónsul Ad Honorem del Ecuador en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Detalló que desconoce y no han remitido información sobre el cese de funciones en el Consulado Honorario a su cargo. Presentó su malestar frente al proceso de cierre de este organismo diplomático. Dijo que en esa oficina se han atendido a más de 3 mil ecuatorianos puesto que a esa instancia acuden el 70 % de residentes en Bolivia. Solicitó que no se retire el Consulado en Santa Cruz porque afectaría a la atención de ecuatorianos.

Entre tanto, Jesús Vélez Loor, presidente de la Asociación de Ecuatorianos residentes en Bolivia, manifestó que esta situación es un abuso. Dijo que han sido víctimas de discriminación y no han recibido atención por la Embajada de Ecuador en La Paz - Bolivia; así mismo, al enterarse del cierre de la oficina en Santa Cruz, este acto vulneraría derechos de los residentes y dificultaría la realidad de los ecuatorianos.

Libertad Altuna, representante de ecuatorianos en Santa Cruz, manifestó que el cierre de esa oficina obligaría a los residentes a viajar más de 18 horas hasta la embajada de La Paz, para acceder a servicios como la emisión de pasaportes, partidas de nacimiento, inscripción de matrimonios, defunciones y más. Esto incrementaría costos por movilización y perjudica a quines menos tienen, dijo.

También estuvo el viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Carlos Alberto Velasteguí. Se refirió a que la Cancillería se vincula bajo los lineamientos de la Convención de Viena, y a través de este se genera el reglamento desde el que se disponen los parámetros para la representación exterior. Específicamente, la figura de estos dos Consulados se caracteriza por ser honorífica. El representante de esta oficina no recibe remuneración del Estado, al contrario recibe un porcentaje por el costo de los servicios que ofrece, informó.

Los Cónsules Honorarios no son vitalicios y deben atender a las necesidades y responder a las Embajadas en cada país. Detalló que en el mundo, Ecuador cuenta con 94 oficinas honoríficas dentro de las cuales el Ministerio ha iniciado procesos de evaluación para determinar el cumplimiento de las operaciones, así como la revisión del trabajo de los organismos. Agregó que los Cónsules honoríficos han concluido su ciclo de apoyo al país.

De su parte, el legislador Fernando Flores señaló que a esa comisión han llegado varias demandas de los residentes en Bolivia. Por ello, solicitó que la Cancillería remita información pormenorizada sobre el estado del cese de funciones de los Consulados Ad Honorem y las acciones del Embajador en Bolivia. El asambleísta René Yandún, mostró su preocupación frente a la situación y solicitó investigar a profundidad. Al igual que el parlamentario César Carrión que demandó la presencia del Embajador de Bolivia para conocer lo actuado y orientar una solución.

Flotas pesqueras extranjeras

Sobre la presencia de flotas internacionales de pesca en las cercanías de la Zona Exclusiva Económica de Galápagos, así como las implicaciones de la Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar (Convemar), el organismo legislativo recibió al capitán de navío en servicio pasivo, Manuel Humberto Gómez. El experto se refirió al tratado internacional que permite la gobernanza de los mares y océanos, del que Ecuador es parte.

Sobre la presencia de los buques en áreas cercanas al mar territorial, dijo que muchos de ellos se da por la cantidad de fondos marinos existentes. La pesca ilegal no declarada o reglamentada es un problema que afecta a los ecosistemas marinos, manifestó. Esta pesca ocurre todo el tiempo, en todas sus dimensiones y se encuentra en alta mar, así como en zonas bajo jurisdicción nacional, afirmó, al referir que en la zona del Ecuador la riqueza ictiológica es única.

Señaló que se deben fortalecer ámbitos del derecho internacional y también ámbitos asociativos de los Estados para ejercer la actividad pesquera y se proteja el medio marino. Habló del Comité Interinstitucional del Mar (CIM) como un ente de protección de la gobernanza y gobernabilidad del espacio marino; así como un fortalecimiento de los mecanismos y acciones eficientes.

También estuvo en la mesa Juan José Alencastro Moya, experto en derecho internacional, manifestó que la situación de los recursos marinos es compleja. Aseguró que por fuera de la Zona Exclusiva se han detectado buques extranjeros de diferentes banderas. Sobre el artículo 164 de la Convemar, abre la posibilidad de gestionar acuerdos diplomáticos y sentar las bases para tratar este tema, entre las partes, sobre el comportamiento de las flotas, en este caso chinas, dijo el experto.

Finalmente, Wellington Rentería experto del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), se refirió al derecho internacional, libertad de navegación, Convemar, Acuerdo de Nueva York, Organización Regional de Organización Pesquera del Pacífico Sur (Orop-PS), los que debe citar el Ecuador para hacer efectivos sus derechos.

EA/cz

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COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES. VIRTUAL. QUITO, 31 DE JULIO DEL 2020

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