Las desvinculaciones de los trabajadores de los medios públicos, en cumplimiento al Decreto Ejecutivo que dispuso la restructuración de las empresas públicas, como parte de la optimización de recursos por la crisis económica que atraviesa el país, continúa en debate en el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Su coordinadora Liliana Durán, anticipó que llevarán el tema al Pleno de la Asamblea, a través de un proyecto de resolución, a efecto de obtener respuestas de las autoridades competentes.
Mientras los trabajadores piden el pago de su haberes y respuestas claras frente a sus desvinculaciones, los legisladores hablan de tomar acciones firmes e inmediatas para que se revea la posibilidad de cerrar la Empresa de Medios Públicos y se asuma con responsabilidad su fortalecimiento.
Liliana Durán argumentó que los despidos intempestivos ponen en una situación de extrema vulnerabilidad a los trabajadores del país, por lo que es necesario activar mecanismos de protección para garantizar derechos y la libertad de expresión del país. “El periodismo es un servicio esencial para la sociedad, sector que ha sido uno de los afectados”, apostilló.
En cuanto a las obligaciones de la Empresa de Medios Públicos, los legisladores exigen se aplique la ley, considerando que los extrabajadores viven una situación compleja. Además, recordaron que existen obligaciones pendientes en los medios incautados.
Alexis Moncayo, ex trabajador de Ecuador TV, afirmó que desde su desvinculación, en agosto de 2019, no cumplen con su liquidación y tampoco ha recibido notificación alguna al respecto. Mientras que Christian Salinas, persona con discapacidad y extrabajador de radio y televisión pública, recordó que el 24 de julio, en aplicación del Decreto Ejecutivo fueron desvinculadas 508 personas, entre ellas 175 personas con discapacidad, sin observar lo establecido en la Ley de Discapacidades.
De su lado, Jorge Baldeón, extrabajador de Radio Pública, coincidió en la importancia del tratamiento del tema. Le inquieta que no tener respuesta oficial de sus desvinculaciones y del pago de salarios de los meses de junio y julio de 2020; además, solicitó que se pongan al día en la seguridad social.
En tanto, Ricardo Moya, viceministro de Servicio Público del ministerio de Trabajo, mencionó que definieron un acompañamiento directo hacia la Empresa de Medios Públicos para que honre las obligaciones de los trabajadores. Sostuvo que la última fase para la liquidación culmina en septiembre próximo e informó que los montos estimados para la liquidación son alrededor de 2 millones de dólares, para Código de Trabajo; cerca de 6 millones de dólares, a funcionarios regidos por la Losep; y, alrededor de 80 mil dólares de personal de nivel jerárquico superior) que dan un total de 8 141 992 dólares.
En representación de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano recomendó se revea el cierre de la Empresa de Medios Públicos. Dijo que si bien existe una emergencia sanitaria que ha creado graves consecuencias en la economía del país, el gobierno debe adoptar medidas que no afecten los derechos a las personas como es la comunicación, especialmente, de derechos económicos, sociales y culturales como la educación.
RSA/cz
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