La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, recibió este lunes, 3 de agosto, a representantes de varios gremios de la transportación, de distintas provincias del país, quienes solicitaron apoyo para que las medidas de reactivación económica de la Ley Humanitaria se amplíen a este sector productivo, que no cuenta con recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones crediticias.
Eduardo Soto, de la Cooperativa Toachi, de la provincia Tsáchila, aseguró que este segmento productivo ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica producto de la pandemia, por lo cual solicitó que se ayude a que en el Reglamento a la Ley Humanitaria, se desarrollen los artículos 10 y 12, para que los beneficios relacionados con la reprogramación de deudas, se extienda a los transportistas.
De su lado, Pablo Lima, de la Cámara de Transporte de Quito, recordó que el sector del transporte representa el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), así como el 9 % de las plazas a nivel nacional, mientras José Santamaría, del mismo sector, expresó que Quito es la única ciudad en la cual se mantiene una tarifa congelada por 17 años, lo cual no se compadece con la realidad que afronta este gremio.
Entre tanto, Ricardo Onofre, de Guayaquil, subrayó que en estos momentos difíciles que vive la transportación, el Estado debe colocar recursos para otorgar créditos que permitan la reactivación económica, a través de la banca pública, con intereses que no superen el 5 % y con plazos más amplios, solo así habrá una verdadera recuperación económica.
Para Christian Sarmiento, de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas (Fetug), el sector se encuentra en bacarrota, sin que las autoridades den oído a sus necesidades, ya que existen incoherencias entre las instituciones financieras del sector público, respecto a lo que prevé la Ley Humanitaria o, simplemente, no quieren aplicar sus disposiciones.
Desde la representación de los taxistas de Guayaquil, Goerge Mera dejó entrever la cruda situación que atraviesan, por cuantó están trabajando a pérdida y no tienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, menos aún, para pagar las deudas que mantienen con la banca pública y con el sector financiero privado.
Así mismo, Fernando Ortiz, de la transportación pesada de Santo Domingo de los Tsáchilas, aseveró que se está llevando al sector del transporte, no solo a la quiebra, sino a la pérdida de sus unidades de servicio, al no poder cancelar sus obligaciones crediticias.
Byron Morejón, de los Ríos y Segundo Rea, de los transportistas urbanos de Quito, coincidieron en que la crisis viene desde las protestas de octubre y que gran parte de esta probemática responde al congelamiento de la tarifa del transporte público en la ciudad de Quito. También intervinieron Jhonny Camba, de la Asociación de Choferes Profesionales y no Profesionales de Guyaquil y Diofre Alcívar, representante de la transportación urbana de Manabí.
Al cierre de la sesión, la mesa resolvió convocar al presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como a los superintendentes de Bancos y de la Economia Popular y Solidaria, para que expongan las últimas resoluciones expedidas por la entidad, en aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, reiteró que no dejarán de efectuar un seguimiento exhaustivo de la aplicación de las leyes, en este caso concreto, de la Ley de Apoyo Humanitario, ya que es obligación de la autoridad pública respetar y hacer respetar la ley, en beneficio del pueblo ecuatoriano.
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