En el marco de la formulación del informe para segundo debate de las reformas al Código de la Función Judicial, la Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña, en la sesión 107, profundizó la discusión sobre los servicios notariales telemáticos y la implementación del domicilio electrónico como herramienta para citar a las partes inmersas en un proceso jurídico.
Homero López, presidente de la Federación de Notarios del Ecuador, comentó que la Ley de Apoyo Humanitario dispone efectivizar el sistema telamático, de manera progresiva, por lo que este debería ser opcional, una alternativa al mecanismo presencial, garantizando, en todo momento, seguridad jurídica.
En esa línea, Paúl Córdova, docente universitario, consideró que no se puede, a través de un evento virtual, reemplazar la fe pública directa que otorga el notario en la celebración de actos y contratos, que responde al principio de inmediación.
López y Córdova objetaron la idea de permitir, en esta fase telemática, que al menos uno y no todos los comparencientes se encuentren dentro de la circunscripción donde el notario ejerce sus funciones, pues el usuario requiere el servicio del funcionario donde está su cantón, lo que daría lugar al acaparamiento de determinadas notarías.
Al respecto, Juan Carlos Mejía, catedrárico universitario, expuso que el Art. 7 de la Ley Notarial establece que el notario ejercerá su función dentro del cantón para el que ha sido nombrado cualquiera sea el domicilio de los otorgantes. Entonces, no se dice que una persona debe estar en el mismo domicilio del notario, su domicicio puede ser cualquiera. Lo que habria que perfeccionar es el mecanismo de idenficación facial, sostuvo.
Gran salto
En cambio, Jorge Machado, titular del Colegio de Notarios de Pichincha, dijo que la oportunidad es propicia para el gran salto, el uso de herramientas tecnológicas en los servicios notariales. Incluso, habló que los propios notarios podrían asumir los costos de una plataforma específica.
Plataforma segura
Santiago Peñaherrera, del Consejo de la Judicatura, explicó que se requiere de una plataforma segura para desarrollar la vía telemática y que la institución trabaja en la modernización tecnológica, a pesar de los limitados recursos económicos que tiene. Solicitó que la Judicatura defina el universo de servicios notariales que se pueden realizar, sin sacrificar la seguridad de las partes.
Domicilio electrónico y citación
En la segunda parte de la reunión, la mesa analizó el tema de domicilio electrónico. En este sentido, Galo Guarderas, del Registro de Datos Públicos (Dinardap), indicó que esta figura está directamente relacionada con la fijación de un mecanismo, a través del cual se busca garantizar un derecho fundamental, incorporado en la Constitución y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por tanto, el Estado debe establecer el marco jurídico necesario para que los ciudadanos accedan a este derecho, sin ningún tipo de restricciones. Este domicilio electrónico tiene que estar configurado en un sitio informático seguro para la entrega y almacenamiento de las notificaciones, guardando la debida confidencialidad, enfatizó.
Marco Sánchez, del Registro Civil, sugirió que se incremente de 90 a 180 días el plazo para, de manera progresiva, poner en marcha el sistema y mecanismos correspondientes. Esta herramienta es de doble vía: para que las instituciones públicas puedan realizar el envío de comunicaciones oficiales o notificación de las mismas, lo que facilita la optimización de recursos; y, para que los ciudadanos accedan de manera oportuna a este tipo de mensajes, ejerciendo sus derechos adecuadamente.
Propuso que se clarifique que el domicilio electrónico es la dirección de correo electrónico personal, con un dominio seguro, personalizado y válido que las personas han determinado como tal, ante la entidad encargada del registro y actualización de los mismos.
Asimismo, Diego Zalamea, docente de la Universidad de las Américas (UDLA); Dana Abad, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal; Fabián Jaramillo, abogado en libre ejercicio; Tomás Barrionuevo, de Durini&Guerrero; y, Ernesto Guarderas, del Estudio Jurídico Quevedo&Poce, reconocieron la importancia de la temática, en función de darle agilidad y transparencia al proceso de citaciones, pero sin vulnerar el derecho a la contradicción y defensa de las partes.
Según la visión de los expertos y docentes, se debería mantener la citación personal, las boletas y la información en la prensa. Además, que la adopción del domicilio electrónico sea opcional para personas de escasos recursos, tomando en cuenta que la mayoría de la población no accede a la conectividad.
En todo caso, la Comisión, recogiendo el sentir de múltiples actores, definirá el articulado en torno a servicios notariales telemáticos, domicilio electrónico y citación.
MG/cz
